Sánchez presionará a la Fiscalía para perdonar a los golpistas 3,1 millones malversados en el ‘procés’

Pedro Sánchez y su equipo de negociación con Junts y ERC están sopesando usar a la Fiscalía como moneda de cambio para contentar a los independentistas, ceder a sus exigencias y allanar así un pacto de investidura que le garantice seguir en La Moncloa. Borrar todo el historial delictivo acumulado por los cabecillas del golpe separatista del 1-O (otoño de 2017) se ha convertido en la prioridad irrenunciable de Junts y ERC en su órdago ante Sánchez.

Esa pretensión se articula en varios frentes: conseguidos los indultos durante la legislatura pasada y consumada la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y desdibujar el de malversación al gusto de los golpistas catalanes, ahora la exigencia es aprobar una ley de amnistía que deje impoluto el expediente de los culpables, además de desmontar el proceso judicial que sigue abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 responsables de desviar fondos públicos de la Generalitat para la ofensiva secesionista que condujo al golpe del otoño de 2017.

¿Qué y a quién se juzga?

Entre los imputados en el Tribunal de Cuentas figuran los ex presidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras (ERC), ex consejeros del gobierno de la Generalitat, altos cargos y funcionarios. La reclamación de fondos se remonta al año 2011, cuando la Generalitat empezó a desplegar su hoja de ruta independentista, con Artur Mas al frente del Gobierno catalán y el telón de fondo de la primera consulta ilegal, que se convocó hasta su mandato. Y las diligencias se extienden hasta el otoño de 2017, cuando tras el referéndum ilegal del 1-O se produjo la frustrada declaración de independencia de Cataluña.

En total, de momento y tras sucesivas rebajas, la Fiscalía exige 3,1 millones de euros –más intereses– a 34 encausados. La acusación popular, ejercida por Sociedad Civil Catalana a través del bufete Chapapría-Navarro & Asociados eleva la reclamación a 5 millones de euros, pero en su caso apunta exclusivamente contra los principales cabecillas, los rostros más conocidos, un total de 11 imputados.

¿Quién es el fiscal clave?

La pretensión del independentismo de paralizar o anular en la práctica la causa abierta en el Tribunal de Cuentas es técnicamente imposible. Ya se celebró la vista previa el 16 de diciembre del año pasado y se ha fijado la celebración del juicio para el próximo 14 de noviembre. No hay margen para evitar el banquillo. Pero sí para dinamitar la acusación y, en la práctica, atacar la línea de flotación del proceso judicial. Y esa es la carta que le queda a Sánchez y a su equipo negociador para ceder a las exigencias de Junts y ERC. Fuentes socialistas que conocen los movimientos de Sánchez no dudan en que es una baza que está sopesando y que sus negociadores la pondrán sobre la mesa.

La pieza clave es el fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma a la que pertenece quien lo nombró siendo Fiscal General del Estado, la socialista Dolores Delgado.

«Sería muy descarado y con tintes escandalosos, pero también una medida que pasaría más desapercibida, que sería vendida como una cuestión técnica propia de la Fiscalía, aunque haya sido ordenada desde Moncloa a través de sus tentáculos en la Fiscalía General del Estado», indican estas fuentes. Memorable fue la frase lanzada en su día por Pedro Sánchez cuando, sin rubor alguno, públicamente, presumió de que la Fiscalía estaba a las órdenes del Gobierno.

¿Qué beneficios se han aplicado ya?

Además, un nuevo cambio de criterio de la Fiscalía al gusto de los independentistas socios de Sánchez sería un paso más en una hoja de ruta que el sanchismo lleva tiempo poniendo en práctica: inicialmente, la entonces instructora de la causa, Margarita Mariscal de Gante, cifró el dinero malversado por los golpistas en unos 9 millones de euros. Así quedó reflejado en el acta provisional. Pero Moncloa, con el beneplácito del PP dirigido entonces por Pablo Casado, pactó una renovación de diversos órganos constitucionales que, entre otras consecuencias, supuso apartar de la instrucción de este caso a Margarita Mariscal de Gante –magistrada de reconocido prestigio que fue ministra de Justicia con José María Aznar–.

Además de sus cambios orgánicos en la Fiscalía General, el Gobierno de Pedro Sánchez, en manos de los independentistas, decidió que la Abogacía del Estado se retirara como acusación, secundando así la estrategia de la Generalitat independentista que, pese a haber sido la Administración directamente perjudicada por esa malversación, se negó a personarse para recuperar los fondos públicos que se habían desviado ilegalmente al servicio de la causa secesionista.

¿Cuántos millones malversaron?

Asimismo, el año pasado, pese a que el acta provisional cifraba la malversación en 9 millones de euros –9,5 millones si se incluían los intereses acumulados hasta esa fecha–, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas rebajó su acusación a 3,4 millones. Unos meses después, cuando se celebró la vista previa, el 14 de diciembre de 2022, recortó aún más la cantidad y la dejó en apenas 3,1 millones.

La acusación popular ejercida por Sociedad Civil Catalana reclama 5 millones de euros. Pero fuentes jurídicas coinciden en destacar que, si la Fiscalía optara finalmente por no exigir cantidades a los encausados –o reducirlas a la mínima expresión–, sería mucho menor la posibilidad de que los cabecillas del golpe fueran condenados a reintegrar lo malversado.

«Hay que tener en cuenta que, frente a los imputados, sólo han quedado como acusación el fiscal y SCC, y la Fiscalía tiene un peso muy significativo de cara a marcar la posición de un tribunal a la hora de dictar sentencia», advierten las mismas fuentes.

¿Qué consecuencias judiciales tendría?

Por otra parte, los abogados que representan a SCC en este proceso recuerdan que si la Fiscalía plegara velas en este caso, de entrada quedarían libres la mayor parte de los encausados, porque el Ministerio Público actúa contra 34 ex altos cargos y funcionarios que tuvieron participación en esos desvíos de fondos públicos, pero SCC ha centrado su estrategia en los 11 rostros principales, entre ellos Puigdemont, Junqueras y Artur Mas.

Como ha ido desvelando OKDIARIO en exclusiva, los procesados mantienen una estrategia dilatoria desde hace tiempo para alargar al máximo el proceso. El último recurso pendiente de resolución es el que pide, por segunda vez, que se les otorgue un trato de favor y se les paralice el contador de los intereses, que consideran demasiado gravosos para sus bolsillos. A diferencia de lo que ahora exigen Junts y ERC, ni siquiera los procesados se han atrevido a pedir en este momento procesal que se dé carpetazo a un juicio que dan por inevitable.

La Fiscalía aún no ha contestado a este último recurso presentado por los encausados. Hasta ahora, el fiscal asignado a este proceso siempre se ha negado a aceptar ese trato de favor que reclaman. La posición que adopte ahora puede ser reveladora de un posible viraje auspiciado por Sánchez ante la Fiscalía para suavizar el terreno de sus negociaciones con los independentistas y lograr la investidura para seguir en Moncloa.