Sánchez preparaba un golpe a las granjas para dejarlas en 1.400 terneros y Garzón exigió más dureza

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha lavado las manos del ataque a la carne de Alberto Garzón. Pero lo cierto es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación había impulsado ya una nueva norma de ordenación de las granjas de ganado de vacuno, la primera específica para este sector que se impulsaba en España. La norma fue preparada hace poco más de tres meses -en septiembre- y suponía ya un recorte hasta un máximo de 850 unidades de ganado mayor (UGM en el borrador), es decir, 1.400 terneros de cebo o 725 vacas de ordeño. La norma, sin embargo, permitía continuar a las actuales. Y Garzón boicoteó la tramitación con sus declaraciones para exigir un golpe mayor a la ganadería.

La historia del ataque a la carne se ha contado a medias. El PSOE sí preparaba un golpe ya a la ganadería. Había preparado un Real Decreto para incrementar los controles de las actuales granjas de vacas y limitar las nuevas a un máximo de 850 unidades de ganado mayor, es decir, 1.400 terneros de cebo o 725 vacas de ordeño.

El golpe era ya más que considerable. Pero Alberto Garzón y sus asesores ecologistas querían una normativa mucho más dura. Una que llevara el máximo de unidades de ganado mayor por debajo de las 200, tal y como ha defendido Greenpeace en diversas ocasiones.

Por eso, el ministro Garzón hizo sus declaraciones en el diario británico The Guardian. Por eso asestó un golpe en la mesa, destrozando al sector de la carne, pero dejando constancia ante el PSOE, de que, o se le hace caso al bloque de Podemos, o son capaces de reventar unas elecciones como las de Castilla y León. Unas elecciones en las que, por cierto, el PSOE se juega mucho, pero Podemos prácticamente nada.

El ministro Luis Planas había llegado ya a anunciar su futura norma en la Feria de Producción Animal de Zaragoza. Y, de hecho, el borrador existía ya como texto articulado. Y las grandes granjas quedaban limitadas a un máximo de 720 animales en ordeño para los nuevos establos que se construyeran y autorizaran. Además, se exigía una distancia mínima de 500 metros con respecto a otras granjas o núcleos habitados. De hecho, en 2020 se modificó ya la normativa sobre las granjas de porcino, y el pasado mes de julio se cambió la que regula las explotaciones avícolas que, a diferencia del bovino, si contaban ya con una norma específica.

Granjas bovinas

Pero la gran novedad era el límite a la capacidad máxima de las granjas de bovinos. Pero los comunistas se bloquearon al ver que esa normativa pasaba a ser imperativa para las nuevas explotaciones, y no para las ya existentes. Y decidieron que había que dar una vuelta de tuerca más a la norma hasta hacerla incompatible con la rentabilidad de las granjas.

La norma, además, permitía a las comunidades autónomas insulares modular las distancias mínimas que establecía el texto. También delimitaba perimetralmente las explotaciones para minimizar la entrada de personas, vehículos y el contacto con animales silvestres. Exigía un registro actualizado de los vehículos y de las personas que acceden a la explotación, incluidos los veterinarios. Y, sólo por citar alguna exigencia más, disponer de un estercolero, en el caso de que almacene estiércol sólido, cercado, e impermeabilizado.
Todo le pareció poco a Garzón, que exigió un combate mayor a la ganadería.