Sánchez pacta con ERC usar la Fiscalía para bloquear los procesos por delitos separatistas

Pedro Sánchez sabe que no puede sacar de los tribunales de forma legal las causas penales abiertas por delitos relacionados con el separatismo. Pero lo ha pactado con ERC. Y eso supone que el mecanismo que usará rebasará los límites legales. Un mecanismo basado en entrometerse y presionar a la Fiscalía para intentar rebajar las peticiones de pena y las calificaciones de los delitos, de forma que, en la práctica, haya menos condenas.

Sánchez ha asumido con ERC el compromiso de vaciar los tribunales de causas abiertas contra los separatistas. El pacto invade de este modo la independencia judicial y pisotea la capacidad de actuación de la Fiscalía al asumir, como compromiso de Gobierno, “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo […], superando la judicialización del mismo”.

La frase introducida en el pacto entre el PSOE y ERC señala lo siguiente: «Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya”. Y, como solución plantea que “como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”.

“Superar la judicialización” es la fórmula que han empleado tradicionalmente los separatistas para referirse a la paralización de los juicios contra los acusados de delitos separatistas -desde los producidos en los ataques callejeros, la utilización de espacios públicos para poner los lazos amarillos o hasta incluso directamente los de terrorismo-.

Hay que recordar que son varios los delitos relacionados con separatismo que están siendo juzgados en estos momentos. La Audiencia Nacional, sin ir más lejos, decretó recientemente la libertad bajo fianza de 5.000 euros para Ferran Jolis, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), investigados por integración en organización terrorista.

Hace menos de un mes el tribunal dejó en libertad bajo fianza a Xavier Duch, Eduard Garzón y Xavier Buigas, que cumplen medidas cautelares, como la comparecencia semanal ante el juzgado, la prohibición de salir de España y la fijación de un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial. Todo ello tras haber sido detenidos por tenencia de material explosivo dentro de los preparativos de un atentado.

El propio Quim Torra ha sido inhabilitado por poner lazos amarillos en sedes públicas. Y Carles Puigdemont está pendiente de juicio por el golpe separatista del 1-O. Todo ello sin contar con los presos condenados ya -encabezados por el líder de ERC, Oriol Junqueras- que cumplen penas por sedición y malversación; y con una larga serie de delitos que se completan ya judicialmente y que afectan a grupos de CDR o Tsunami.

Vaciar esas causas de los tribunales es imposible legalmente. Por eso Sánchez pretende quitar del cargo a la actual fiscal general, María José Segarra, y presionar a partir de ese momento a los fiscales con el fin de lograr un trato más favorables desde el Ministerio Público para los delincuentes relacionados con causas separatistas.