Sánchez ofrece a Torra negociar la reforma territorial y constitucional marginando al resto de CCAA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido en la reunión que ha mantenido este lunes con Quim Torra negociar la reforma territorial y constitucional marginando al resto de Comunidades Autónomas.

La esperada cita ha resucitado la Comisión Bilateral –órgano donde, obviamente, sólo estarán Moncloa y la Generalitat– y lo ha hecho para abordar, entre otros asuntos, la reforma del modelo territorial, algo que implica por definición a todo el resto de territorios y a la propia Constitución. Y que Sánchez sólo discutirá en una primera fase con quien quiere acabar con la Constitución.

El resto de territorios no importan. Porque el presidente del Gobierno, de facto, está reconociendo que el único motivo real por el que plantea la reforma constitucional es para agradar a Cataluña: por eso sólo negociará la reforma del modelo territorial en primera instancia con Quim Torra. Porque los demás irán a mesa puesta.

Sánchez cree que puede llevar a los separatistas a fórmulas ya barajadas por Artur Mas, como aquella del Estado Libre Asociado. Pero el propio Torra al término de la reunión dejó claro que lo único que aceptará es la independencia.

Pero, pese a ello, el Gobierno de Sánchez está empeñado en sentarse a negociar con él. Y prepara ya un nutrido catálogo de regalos para los golpistas.

Los obsequios para calmar a los separatistas incluirían, para empezar, una salida a la quiebra de Cataluña. Así, y pese al parón del nuevo modelo de financiación, ofrecerá un aumento de fondos que incluye, en mayor o menor grado, el principio de ordinalidad –tal y como ha adelantado OKDIARIO–, y, por supuesto, la creación de una ruta penal “asumible” para los posibles condenados por el golpe de estado de la Generalitat, como señala una fuente socialista conocedora de las conversaciones mantenidas.

Libertad para elegir la denominación

Pero, además, Sánchez está dispuesto a ofrecer la incorporación en la Constitución del mapa autonómico, identificando a las comunidades “con la denominación por ellas elegidas en sus Estatutos”. El cambio iría más allá del Estatuto catalán. Y es que ahora ya no se trataría de que que la Generalitat identifique Cataluña como “nación”: su término pasaría a ser la denominación oficial.

La Constitución, además, debería variar sus artículos 148 y 149 para pasar a tener un solo listado con las competencias exclusivas del Estado. De esa forma, todas las demás corresponderían automáticamente a las Comunidades Autónomas. Y, todo ello, sin eliminar el artículo 150.2: el que permite la delegación de facultades de competencia estatal. Con lo que la negociación y presión al Estado para ceder aún más no terminaría nunca.
 El Gobierno también acepta reconocer los “hechos diferenciales”. Aceptar una “cierta territorialización”del Consejo General del Poder Judicial.

Convertir en última instancia plena el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y no discutir la capacidad plena de autogobierno en asuntos como la educación.

En resumen, ceder en todo y, además, hacerlo tras una negociación en exclusiva con Cataluña, que luego y a mesa puesta, abriría al resto de territorios. Vamos: lo mismo que Zapatero con la negociación de la financiación autonómica nada más llegar al poder.