Referéndum Cataluña

La Fiscalía tantea una rebaja de penas a los golpistas si asumen los delitos cometidos el 1-O

Supremo
Joaquim Forn y Oriol Junqueras.

La Fiscalía tantea una rebaja de penas a los golpistas si asumen los delitos cometidos con la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Se trata del intento de acercar posiciones y asegurar un juicio más rápido y fácil: que los golpistas asuman su culpabilidad en los delitos de rebelión, sedición y malversación a cambio de una rebaja de penas.

La estrategia se ha tanteado como un mecanismo para relajar la posible tensión posterior al juicio. Porque las condenas se dan por casi seguras y, por lo tanto, la suma de años puede ser muy elevada, algo que se puede convertir en un posterior problema de gestión ante la reacción que tendrán los colectivos separatistas, según se ha planteado.

Por ello, se ha pensado y así se ha tanteado ya con los presos golpistas, que la asunción de los tipos delictivos por su parte, puede ser un mecanismo para aliviar la tensión.

La mecánica no es nueva y forma parte de las posibilidades dentro de un proceso de este estilo. Aunque también es cierto que, precisamente por ser condenas casi seguras y pruebas contundentes, no debería haber ningún problema en continuar el juicio y aplicarles las penas en sus grados correspondientes sin ningún tipo de rebaja.

Pese a ello, un planteamiento late de fondo. Y es el temor a que este proceso finalice con un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo argumentando indefensión o violación de derechos fundamentales, cuestión que ya han insinuado las defensas de los golpistas. Y en ese caso, la asunción de las acusaciones y de los comportamientos delictivos se convierte en un potente aliado para evitar una reprobación de Estrasburgo.

Por el camino han quedado muchas presiones de los separatistas. Y es que el precio de los partidos golpistas por apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez está muy enfocado por parte de JxCAT y ERC: quieren como sea que las penas a los golpistas sean rebajadas.

Por eso, JxCAT ha llegado a exigir al presidente del Gobierno que fulmine a los fiscales del 1-O que piden rebelión para los imputados. Bien por medio de que exija el cambio de criterio la nueva fiscal general María José Segarra, bien porque se dé la orden de sustituir a aquellos fiscales de sala que insistan en la exigencia del delito de rebelión -el de mayor penas de prisión de todos los juzgados-.

Todo vale para los hombres de Quim Torra Carles Puigdemont. Y es que ellos consideran que el problema para conseguir el fin de reducir las penas por el 1-O sólo atañe a Sánchez, no a ellos.

Desde JxCAT saben que los fiscales de Sala encargados del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, han mostrado y defendido su convencimiento respecto a la aplicación del delito de rebelión y sobre que el comportamiento de los procesados es merecedor de fuertes penas de prisión. Por ello, los separatistas han centrado ya sus presiones en los fiscales, para que se fuerce su sustitución si no hay otra vía para reducir las penas.

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