Sánchez ofrecerá a Torra un aplazamiento y quita parcial de la deuda catalana

El Gobierno de Pedro Sánchez ofrecerá a Quim Torra un aplazamiento y quita parcial de la deuda catalana en la reunión que mantendrán el próximo 9 de julio.

El presidente catalán acude a la cita con Sánchez con un guión fijo e inamovible: el de avanzar de nuevo hacia el referéndum ilegal. Pero Moncloa no quiere hablar de ese asunto. Eso sí, el equipo de Sánchez está dispuesto a preparar un escenario financiero difícilmente rechazable para Cataluña: un esquema en el que sus 77.478 millones de euros de deuda, una parte fuese directamente condonada y asumida oficialmente como deuda del Estado, y en el que otra parte pudiese contar con grandes facilidades de pago por medio de aplazamientos del pago de intereses y otras facilidades de pago.

Se trata de una vieja idea que ya barajó el Partido Socialista hace un año. Una idea que, de hecho, fue defendida personalmente por José Luis Ábalos: su plan incluía un nuevo aumento de la inversión destinada a esta región, y la conversión de la deuda autonómica en deuda puramente nacional, al menos en parte. Es decir, lo que se denomina como mutualizar la deuda catalana: diluir entre todo el territorio español una montaña que, hoy por hoy, asciende a 77.478 millones de euros.

El PSOE pretende diluir la deuda catalana entre todo el territorio español

La argumentación exterior ya ha sido esgrimida en ocasiones por Ábalos: “El Estado debe contribuir a resolver (la deuda) para que no colapse la institucionalidad en Cataluña y que pueda atender los servicios que presta”. El plan, por supuesto, supondría mantener un plan de facilidades financieras con cargo a las arcas nacionales hasta que las supuestas dificultades de financiación de Cataluña se solventasen.

El plan de quita parcial no afectaría a toda la deuda catalana, sino exclusivamente a una parte de la deuda de la que es acreedor el Estado, un volumen que ronda los 52.000 millones. Sobre esa parte se negociaría la mutualización parcial. El resto es lo que se vería acomodado con un aplazamiento de los plazos de devolución y una rebaja en los tipos.

El plan –con gran probabilidad– tendría que ser ampliado al resto de territorios. Pero, ante la mayor deuda de Cataluña, la región más beneficiada sería la que preside precisamente Quim Torra.

Deuda autonómica

Hay que recordar que los gobiernos autonómicos  deben más 150.000 millones de euros. Esta montaña de deudas con el Estado se ha acumulado a causa de los continuos rescates concedidos por el Gobierno central desde el año 2012 a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, un concepto que engloba dos partidas: el famoso Fondo de Liquidez Autonómica (FLS), y los fondos de Facilidad Financiera.

Esta ingente cantidad en ayudas ha servido para evitar el colapso de las autonomías a excepción de dos territorios: País Vasco y Navarra, que disfrutan de su particular esquema de financiación. De los otros 15 gobiernos autonómicos, el Estado ya es el principal acreedor en nada menos que ocho de ellos.

Según los datos oficiales la deuda viva de las autonomías con el Estado supera ya los 150.000 millones. Un volumen que se hace especialmente decisivo en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. La Administración del Estado ha asumido en todas ellas el papel de soporte financiero. Y es que la incapacidad de estas regiones de colocar deuda por sus propios medios ha llevado al Estado a ser el propietario de más del 60% de la deuda de sus respectivos gobiernos regionales.

El caso catalán es el más exagerado. En esta región el Estado se acerca al 70% de porcentaje acreedor con respeto al total de su deuda pública. Es decir, que el Estado corre con el riesgo de más de 52.000 millones de deuda de Cataluña.