Sánchez no admite errores en la gestión de la DANA: «España necesita más ‘Teresas Riberas’»
El Gobierno aprueba 110 medidas adicionales para afectados por la DANA por valor de 3.765 millones
Pedro Sánchez no ha admitido errores en la gestión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la respuesta a la crisis de la DANA que ha asolado Valencia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno ha querido «ser claro» y ha aseverado que respalda de manera contundente la actuación de Ribera en esta crisis. «El mundo, Europa y España necesitan más Teresas Ribera y menos negacionistas del cambio climático», ha asegurado.
Un apoyo que se produce tras la falta de información por parte de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, dependiente de Ribera, sobre la situación barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ocasionó la mayoría de víctimas mortales. Sánchez ha evitado hablar sobre dimisiones y posicionarse sobre la gestión de la Generalitat valenciana porque, ha dicho, «el Gobierno está en lo que hay que estar», en la reconstrucción de las zonas afectadas y el relanzamiento de la actividad. «Posteriormente, vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar ante una emergencia climática y ante la asunción de responsabilidades políticas, que evidentemente que tendrán que ser sustanciadas en las Cortes Generales y en el Parlament valenciano», ha afirmado.
Nuevas ayudas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo real decreto ley con 110 medidas adicionales para hacer frente a la catástrofe provocada por la DANA, con una inversión agregada de 3.765 millones de euros. El Ministerio de Trabajo ha detallado que el permiso retribuido lo podrán solicitar cada uno de los progenitores o cuidadores para atender a personas a su cargo, por la imposibilidad de trasladarse a su lugar de trabajo, por la necesidad de acondicionar su vivienda o por desaparición o fallecimiento de familiares y durante todo el tiempo que persista la causa. Aunque el pago correrá a cargo de las empresas, en la actualidad 412 compañías de la zona ya han solicitado un ERTE, de forma que los trabajadores afectados cobrarían la prestación por desempleo y no este permiso.
Asimismo, se articula una prestación extraordinaria para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con una prestación por cese parcial, equivalente al 50% de su base de cotización. También se extiende la figura del ERTE por fuerza mayor a empresas de los municipios que no estén en la lista de los damnificados por la DANA, pero que se hayan visto afectadas por sus consecuencias, lo que supone que la Seguridad Social se hará cargo del 100% de las cotizaciones de los trabajadores incluidos en esos expedientes.
El teletrabajo será preferente y los trabajadores también podrán solicitar la adaptación de su jornada (ya sea mediante una reducción, cambio de turno, jornada intensiva, horario flexible…) teniendo en cuenta las necesidades empresa y empleado y negociando ambas partes de buena fe. Todas las bajas (incapacidad temporal) se tratarán como accidente de trabajo, lo que elimina el requisito de número de años previos cotizados. En cuanto a la nulidad de los despidos, afectará a empresas que reciban ayudas y también en despidos a trabajadores por acogerse a algunas de las medidas o permisos aprobados.
En los ERTE, el informe de la Inspección dejará de ser obligatorio, para agilizar, y los trabajadores recibirán prestación por el 70% de la base reguladora, sin necesidad de periodo mínimo de cotización y sin que consuma desempleo. Estas condiciones se extienden a las empleadas de hogar que no puedan trabajar por la DANA. Asimismo, se ha dado luz verde a un plan de 50 millones de euros para la contratación de personas desempleadas en las zonas afectadas por la DANA.
El decreto ley también incluye ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que no puedan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%, a lo que se suma una línea adicional del ICO de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos.
Otros 175 millones se destinarán a reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío, mientras que se destinarán 45 millones a restaurar la Albufera y las cuencas fluviales afectas. Se dedicarán 500 millones a financiar un plan de acción contra el lodo para retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados. Adicionalmente, se destinan 2 millones en ayudas directas a cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas.
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