Sánchez está en manos de ERC y PDeCAT para aprobar sus decretos electoralistas hasta el último día

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará en manos de los independentistas si quiere llevar a cabo su intención de aprobar leyes hasta el último minuto.

Al igual que ocurre en el procedimiento habitual, los decretos leyes tiene que ser convalidados por el Congreso. O, en este caso, por la Diputación. Su composición, 65 miembros, reproduce el reparto del hemiciclo: 25 corresponde al PP (lo que incluye la presidencia de Ana Pastor), 15 al PSOE, 12 a Unidos Podemos, 6 a Ciudadanos , 4 al Grupo Mixto, 2 a ERC y uno al PNV.

La suma  de PP y Ciudadanos (31) es superior a la de PSOE y Podemos (27), por lo que los socialistas están obligados a negociar acuerdos con sus aliados de la moción de censura. Necesitan cinco votos, para lo que deberán recurrir, en cualquier caso, a las formaciones independentistas catalanas.

Sánchez contaría, de entrada, con el apoyo de tres diputados del Grupo Mixto (Marian Beitialarrangoitia de Bildu, Carles Campuzano del PDeCAT y Joan Baldoví de Compromís), con los dos de ERC (Joan Tardà y Gabriel Rufián) y con el del PNV (Aitor Esteban). Una suma muy ajustada para que el Ejecutivo pueda sacar sus decretos ‘electoralistas’, una vez disueltas las Cortes, el 5 de marzo. De los seis diputados, tres pertenecen a ERC y PDeCAT.

Debilidad parlamentaria

Como avanzó OKDIARIO, Sánchez no tenía intención de prescindir de la plataforma de La Moncloa ni con las Cortes disueltas. El presidente socialista ha recurrido con cotidianeidad a la fórmula del decreto ley para maquillar su debilidad parlamentaria (84 diputados), pese a tratarse de una herramienta reservada a casos excepcionales, como establece la propia Constitución.

«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general», reza la Carta Magna.

Los decretos deberán ser «inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación».  Y el Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario, añade el texto constitucional. En caso de que el Congreso esté disuelto, es la Diputación Permanente la que asume esas funciones.

Medidas políticas

Por esa vía, el Gobierno de Sánchez aprobó, por ejemplo, la renovación del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE, el acceso universal a la sanidad para los  inmigrantes, la subida de salario a los funcionarios o la propia exhumación de Franco. Medidas puramente políticas, que exceden los límites de lo marcado por la Constitución.

En el balance de su breve legislatura, el presidente socialista ha aprobado 13 leyes y convalidado 25 decretos leyes. Estos últimos, en su mayoría, transposición de directivas comunitarias, cuya aprobación era imprescindible para evitar sanciones.

Reforma laboral y pensiones

Entre los planes inmediatos del Ejecutivo están propuestas sobre la propiedad intelectual o la mejora de la pensión de orfandad de hijos de víctimas de violencia de género. En la recámara están también posibles cambios en la reforma laboral, con los que presionan los sindicatos. El Gobierno, que en un primer momento prometía una derogación total de la ley de Mariano Rajoy, fue reculando hasta pretender sólo modificar o anular las partes más «dañinas». El fin de la legislatura complica este extremo, pero el Ejecutivo cree que puede aprobar algunos cambios.

Si Sánchez realmente aspira a sacar adelante sus leyes hasta el último momento, deberá negociar con los independentistas. Una fotografía que se producirá en plena campaña para las generales, y que contrasta con la estrategia que sigue ahora el Ejecutivo de distanciarse aparentemente de estas formaciones. En fuentes de la oposición, sin embargo, se sugiere que la única intención del Gobierno socialista es llevar estas leyes a la Diputación, sin vocación real de aprobarlas. Simplemente, con el objetivo de retratar a otros grupos y culparles del ‘bloqueo’ de sus políticas sociales.

Desde el PSOE se advirtió este martes de que «el Gobierno no estará parado», el mismo mensaje que trasladó el propio Sánchez durante el anuncio de la convocatoria electoral anticipada. La portavoz, Adriana Lastra, confirmó la intención de hacer uso del real decreto, que observan con recelos todos sus socios.

A ello se añade que Podemos intenta, en los últimos días, marcar distancias con los socialistas. Este miércoles, Irene Montero acusó a Sánchez de «traer recortes por la puerta de atrás» mediante «una orden secreta a los ministerios» para ejecutar sólo la mitad del presupuesto. Montero presumió de que Podemos arrancó al Gobierno «cambios por encima de sus posibilidades».