Sánchez desafía a Transparencia: le oculta los homenajes a ETA para engrasar el acuerdo con Bildu

Sánchez ha dado orden de ocultar la información que revela los actos de enaltecimiento terrorista. Sabe que el papel y la presencia de Bildu es constante y quiere engrasar el apoyo de los bilduetarras a su investidura. El Consejo de Transparencia se ha cansado del ocultismo de Pedro Sánchez y le acaba de exigir datos pormenorizados por departamentos y zonas de todos los actos en los que se está registrado enaltecimiento del terrorismo. Pero el presidente en funciones, pese a ello, vuelve a desafiar a la ley y a este organismo y sigue sin aportar los datos.

El Gobierno se escudó hace meses en que esta información no estaba centralizada. Ha insistido en lo mismo en la fase de alegaciones. Y Transparencia le acaba de contestar que ese argumento carece de contundencia, por lo que Moncloa debe explicar las actuaciones seguidas por cada ministerio del Gobierno de Sánchez tendente a la aplicación del artículo 61 de la ley de protección de las víctimas.

Traducido: que si realmente desconoce, o mejor dicho se niega a saber, cuál es el alcance de los homenajes a ETA y las acciones de sus departamentos dirigidas a impedir estos actos, lo que debe hacer es recabar la información y hacerla pública de inmediato.

Además, el CTBG (Consejo de Transparencia) le afea al Gobierno el argumento obstruccionista, básicamente porque es inadmisible exponer que las Delegaciones del Gobierno desconocen estos puntos.

Sánchez y sus ministros, según sus propios argumentos, no tienen dato alguno respecto a las actuaciones seguidas en este asunto, que es tanto como reconocer que no es un asunto prioritario para su Gobierno.

Obligados a informar

Una resolución ejecutiva del Consejo de Transparencia del pasado 4 de diciembre, que debe ser cumplida en el plazo de diez días por el Gobierno de Sánchez, ha enmendado de plano esta situación: obliga ahora a Sánchez a
que todos los ministerios de su Gobierno informen de las actuaciones llevadas a cabo en aplicación de la Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo, y que las mismas queden debidamente acreditadas ante el Consejo de Transparencia.

Pero el pacto entre Pedro Sánchez y EH Bildu es cada vez más obvio. Al margen del apoyo de los proetarras al Partido Socialista en Navarra, el presidente del Gobierno en funciones se ha negado por escrito a dar información sobre la respuesta que están dando las Delegaciones de Gobierno a los actos de enaltecimiento del terrorismo.

El pacto entre Pedro Sánchez y EH Bildu es cada vez más obvio y es evidente la inacción frente a los actos de los proetarras

La causa de este secretismo no es otra que la evidente inacción y falta de respuesta frente a los actos promovidos por los proetarras. Un permisivismo que fue exigido por Bildu.

Sánchez ha dejado ya constancia por escrito, tal y como demuestra un documento en poder de OKDIARIO, de que, según sus palabras, ignora cuántas veces ha actuado su Gobierno frente a quienes enaltecen el terrorismo y celebran homenajes a ETA.

OKDIARIO ha pedido a través de la Ley de Transparencia que Moncloa aporte una relación de las actuaciones instadas por el Gobierno de Sánchez desde que este ocupó la Presidencia, bien de oficio o como consecuencia de las denuncias que se hubieran formulado en aplicación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.

La respuesta ofrecida por los socialistas es rotunda: deniega todo acceso a la documentación pública solicitada, bajo el pretexto de que se trata de una información que no está centralizada, motivo por el que desestima la pregunta.

El Gobierno de Sánchez afirma no saber siquiera las veces que han instado estas actuaciones el propio presidente, su ministro del Interior o sus delegados del Gobierno, quienes dependen de él orgánicamente, y son propuestos por él de manera personal, según recoge el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y todo ello pese a que la Ley de Protección y Reconocimiento de las Víctimas les impone de manera obligatoria y en ningún momento de modo discrecional, la prohibición y paralización de esos actos. Esa Ley reclama del Gobierno “el apoyo integral” a las víctimas porque “representa el esfuerzo compartido de reparación que las víctimas y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad”, combatiendo la “deslegitimación social del terrorismo”.

“El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas”, añade la norma en su preámbulo.

Por ello, el Artículo 61 (“Defensa del honor y la dignidad de las víctimas” señala que: “El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas”.

Mientras que en su apartado 3, establece que “asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas”.

Pese a ello, el Gobierno de Sánchez se niega a dar datos o explicar por qué en tales supuestos no actúa por medio de sus delegaciones de Gobierno.