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Sánchez bate récords de opacidad: duplica a Rajoy en el rechazo de solicitudes de información

A lo largo de los primeros nueve meses del año, el Gobierno ha rechazado cerca de 340 solicitudes de información pública

Sánchez información
Pedro Sánchez.

El Gobierno que está impulsando su autodenominado Plan de Acción por la Democracia para imponer la transparencia a los medios de comunicación, es el mismo que bate récords de opacidad. Concretamente, los diferentes ministerios que componen el Ejecutivo de Pedro Sánchez han denegado cerca de 340 solicitudes de información pública, una cifra que duplica las denegaciones que se producían durante el último año de mandato de Mariano Rajoy.

A lo largo de los primeros nueve meses del año, el Gobierno de Sánchez ha rechazado cerca de 340 solicitudes de información pública, lo que sugiere que 2024 podría finalizar con cifras muy cercanas a los máximos históricos de opacidad informativa registrados en años anteriores, al menos en términos absolutos de negativas a proporcionar información. De mantenerse esta tendencia, podría igualarse o superar las 533 denegaciones alcanzadas en 2022, la cifra más alta registrada hasta ahora. En comparación, el año 2023 cerró con 352 rechazos, consolidándose como el tercer año con mayor opacidad desde la creación del Portal de Transparencia en 2014, durante el mandato de Mariano Rajoy.

Desde la implantación de esta plataforma, el Gobierno ha incrementado significativamente la opacidad en la administración. En 2020, el primer año completo de la pandemia, se rechazaron 284 solicitudes de información pública. Esta cifra aumentó a 419 denegaciones en 2021 y alcanzó su punto más alto en 2022, con 533 rechazos, lo que representa un 27% más que el año anterior. Este aumento sostenido contrasta marcadamente con los datos del Gobierno de Mariano Rajoy, que en 2015 denegó 115 solicitudes, 106 en 2016 y 170 en 2017, su último año completo en el cargo.

Seguridad nacional, confidencialidad en las decisiones o intereses económicos son algunos de los motivos que esgrime el Ejecutivo de Sánchez para denegar el acceso a información de los ciudadanos. La Ley de Transparencia de 2013 contempla una serie de excepciones que facultan a la Administración para denegar el acceso a determinados datos solicitados por los ciudadanos. Entre las razones más frecuentemente invocadas se encuentran «la defensa», «la prevención, investigación y sanción de delitos penales», así como «el secreto profesional o los derechos de propiedad intelectual e industrial».

Ley de Transparencia

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha adelantado que el Gobierno aprobará en el primer semestre del año 2025 una nueva ley de Administración Abierta que pretenden ampliar las obligaciones del Estado en materia de transparencia. Esta norma forma parte del Plan de Acción por la Democracia, al igual que la ley sobre el derecho a la rectificación aprobada en el último Consejo de Ministros.

Esta nueva ley, según ha indicado el ministro, aumentará las obligaciones de la Administración sobre transparencia y «obligatoriedad de rendición de cuentas semestrales» y tiene el objetivo de «mejorar la participación ciudadana». López ha fijado como plazo el primer semestre del año 2025 para elevar el anteproyecto de esta norma al Consejo de Ministros y ha expresado la voluntad del Ejecutivo de acordar con todas las formaciones políticas y alcanzar «el consenso más amplio posible».

«Esta norma supondrá un hito más en nuestro compromiso con los estándares europeos de calidad democrática y queremos ponerla en marcha cuanto antes», remarcaba. El ministro también ha indicado que su intención es aprobar el proyecto de ley de lobbies en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, tras pasar por los órganos consultivos, en los primeros tres meses del próximo año. «El objetivo es fomentar la calidad democrática a través de la mejora de la publicidad, de la transparencia y de la participación en los procesos de toma de decisiones públicas», indicaba.

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