Ribera también pretende que los españoles tengan su casa a 27 grados

Por el momento, las medidas de «ahorro energético» que ha aprobado el Gobierno ante el posible desabastecimiento de gas ruso se dirigen a limitar el consumo en edificios públicos y establecimientos, como comercios y hostelería. Pero el Ejecutivo trabaja ya en un «plan de contingencia» que deberá remitir a Bruselas el próximo septiembre y en el que se incluirá un completo catálogo de recomendaciones para los ciudadanos. La imposición de limitar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados se traslada también a los hogares, por ahora, como un consejo de ahorro, según consta en los planes del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre otras propuestas, como ha revelado OKDIARIO, figura también la limitación de la velocidad de conducción a los 100 kilómetros por hora. El objetivo clave es concienciar de la importancia de reducir la demanda, para lo que se prepara una ambiciosa campaña mediática.

La ministra Teresa Ribera aseguró estos días que «en principio» no se contemplan restricciones para los hogares o para la industria, aunque desde el Ministerio sí se admite que las medidas impuestas tratan de mentalizar a los españoles de que deben adaptar su día a día a un escenario de menor consumo. En definitiva, que recorten la exigencia energética en sus actividades diarias.

La ministra considera que las actuales obligaciones -que han recibido fuertes críticas por parte de los comerciantes y de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular- son las más «sencillas y rápidas» del plan que se terminará de definir en las próximas semanas. Esas medidas han supuesto un ahorro del 3,7% en la primera semana de su aplicación, según se asegura desde el Gobierno, lejos aún en cualquier caso del 7% que Europa reclama a España. Por ello, desde el Ejecutivo no se oculta que pueden hacer falta medidas más duras para alcanzar el objetivo. Se intenta evitar que estas afecten, al menos por ahora, a los hogares, por lo que estiman que la colaboración ciudadana es fundamental.

España ha sido el primer país europeo en imponer un plan de ahorro, por decreto, mientras otros países aún los elaboran. El incumplimiento lleva además aparejado un estricto régimen sancionador que puede llegar al millón de euros, si bien fuentes gubernamentales han descartado esas multas y aseguran que lo esperado es que sean infracciones leves. La inspección corresponde a las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya han advertido que no tienen medios suficientes, técnicos o policiales.

Por su parte, la Comunidad de Madrid prepara el recurso ante el Tribunal Constitucional, basado en distintos puntos del decreto que consideran inconstitucionales. Entre ellos, que se invadan competencias autonómicas cuando en el mismo decreto se presume de que España no tiene actualmente problemas de abastecimiento. Desde Sol defienden además que choca con el plan anticovid que obliga a mantener una buena ventilación en los locales -el decreto obliga al cierre de puertas en los establecimientos para no perder los efectos de la refrigeración- y de la Ley de Libertad de Horarios Comerciales al obligar al apagado de los escaparates a partir de las 22 horas.