Ribera evita dar la cara por el decretazo energético y no interviene en el debate en el Congreso

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha sido la encargada de defender el polémico decreto de «ahorro energético» en la sesión del Congreso de los Diputados que debe convalidarlo. Ese papel lo ha asumido Raquel Sánchez, ministra de Transportes, quien ha puesto el foco en otras medidas recogidas en el texto, como las ayudas al transporte y las becas a estudiantes. Asuntos que nada tienen que ver con la crisis de abastecimiento de gas ruso y que Moncloa ha usado como señuelo para lograr el apoyo de los grupos.

Ribera sí ha acudido a la sesión y se ha mantenido en su escaño, pero ha evitado intervenir -sí lo ha hecho en el decreto que se ha debatido a continuación, relativo a los incendios forestales-, algo que ha sido criticado por el Partido Popular.

«Es tan indefendible su errática política energética que parece lógico que haya huido de dar la cara para la defensa de un decreto que a quien le incumbe fundamentalmente es a usted», ha afeado la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra.

La dirigente ha instado al Gobierno a reconducir las obligaciones de temperatura e iluminación a recomendaciones y potenciar la generación de electricidad sin atender al compromiso de cierre nuclear o a los objetivos climáticos.

El Gobierno podrá sacar adelante su decreto gracias al apoyo de sus socios parlamentarios, PNV, ERC y Bildu. El Ejecutivo no ha contactado con el PP para negociar su respaldo.

Moncloa se ha comprometido con sus aliados a introducir algunos cambios. A Bildu, por ejemplo, le ha prometido revisar al alza, reformular y acelerar los objetivos contenidos en la Ley de Cambio Climático, con las correspondientes inversiones, y empezar a planificar con las comunidades estrategias a medio y largo plazo para transformar modelos de producción y consumo más eficientes y con mayor peso de las energías renovables.

Por su parte, el PDeCAT ha asegurado que el Ejecutivo ha comprometido una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados.

Una medida reivindicada por ERC, que reclama al Gobierno financiación adicional a las comunidades para sufragar estas actuaciones, así como las actuaciones de inspección correspondientes, pero también una moratoria hasta el 30 de noviembre en las obligaciones que deben hacer frente pymes y autónomos.