Revés a Sánchez: tres asociaciones de jueces rechazarán su politización en la apertura del año judicial

Pedro Sánchez con el presidente del Tribunal Supremo
Pedro Sánchez charla con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Pedro Sánchez presiona al PP para que pacte un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designado por los partidos políticos. El PP le rechaza la mano. Y tres asociaciones de magistrados han respondido con mensajes al CGPJ señalando que ninguno de los problemas que se observan se daría si el Poder Judicial fuese elegido por los jueces. Es más, las tres asociaciones son mayoritarias y plasman sus mensajes de cara a la apertura del año judicial del próximo lunes, 6 de septiembre.

La presión de Sánchez al PP ha chocado con el posicionamiento de tres de las asociaciones de jueces y magistrados: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y el Foro Judicial Independiente (FJI). Se trata de asociaciones mayoritarias en el campo judicial: acumulan más de 2.500 jueces y magistrados. Y su mensaje no respalda en absoluto las presiones del Gobierno.

Las tres asociaciones han dirigido ya mensajes al Poder Judicial señalando que el actual modelo de elección de los vocales del CGPJ debe ser reformado. Y que debe volverse al esquema fijado inicialmente por la Constitución de designación por los propios jueces. Sin injerencia política.

Y, todo ello, mientras el PSOE presiona de cara a la apertura del año judicial justo en dirección contraria: para controlar aún más el nombramiento de los jueces. Y mientras Pedro Sánchez ha dado orden de arreciar la presión contra Pablo Casado para que ceda y permita una renovación del Poder Judicial con las actuales normas o incluso con mayor intromisión de los partidos políticos.

Las tres asociaciones piden modificar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces. No se trata de ninguna utopía: es el esquema que defiende el PP, el que marco inicialmente la Constitución Española y el mismo que exige el Consejo de Europa, tal y como ya ha manifestado por medio de un documento del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Ayer mismo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cargó en público contra el PP y, en especial, contra su líder, Pablo Casado, por lo que los socialistas denominan como el bloqueo a la renovación del CGPJ. «Querría ser capaz de explicar la gravedad de la situación. Son 1.000 días de bloqueos, con 1.000 excusas diferentes. Esto no pasa en ningún país europeo. Se está desprestigiando el Poder Judicial. Las excusas son cambiantes. Eso demuestra muy poca madurez política e institucional. Este es un Estado de Derecho y tiene que cumplirse la ley. El PP no quiere cumplirla porque no le gusta, pero esta ley lleva 35 años en vigor, y se ha renovado el consejo con distintas mayorías. Si el PP quiere cambiarla, es legítimo, pero debe tener mayoría para hacerlo», señaló Bolaños.

Lo cierto es que Sánchez no ha cesado en sus presiones para controlar el órgano de gobierno de los jueces. El pasado mes de julio, de hecho, el propio Bolaños, recién estrenado en su cargo, dio una nueva muestra de su capacidad de presión a los togados. Félix Bolaños fue ya una persona importante en los contactos entre el PSOE y el PP en la última negociación frustrada para renovar el CGPJ. Tanto que su contacto con jueces, de hecho, se convirtió en habitual y de sobra conocido.

Nuevo cargo de Bolaños

El ascenso de Bolaños al cargo de ministro de Presidencia fue el motivo que llevó a mucha gente a felicitarle por el nuevo cargo. Pero la sorpresa llegó en la respuesta recibida por algunos de los jueces y personas de influencia en el mundo judicial. Porque lejos de contestar con mensajes neutros, Félix Bolaños aprovechó para pedir a sus interlocutores que mediaran con el PP o le intentaran convencer de la necesidad de reabrir la negociación para introducir nuevos vocales del CGPJ.

La primera consecuencia que busca el PSOE con esa renovación es el cambio del predominio de vocales propuestos por el centroderecha, para incorporar a otros procedentes del ámbito de influencia de la izquierda: justo el deseo de Sánchez para avanzar en su presión y control de las instituciones.

Presión directa sobre Pablo Casado

El objeto de las peticiones de Bolaños, de hecho, planteaba la presión directa a Pablo Casado para que cediera y aceptase un nuevo Poder Judicial. El argumento no era nuevo: que el CGPJ no puede seguir con los cargos prorrogados y sin adaptarse al nuevo reparto de escaños en el Parlamento.
El pasado mes de febrero dio por finalizado el último intento de renovación del Poder Judicial. El PP se encontró en la mesa con candidatos a los que consideró totalmente marcados desde el punto de vista político y bloqueó la negociación hasta que esos nombres no fueran sustituidos.

La explicación del PP fue clara: esos jueces habían sido negociados con Podemos, y el partido de Pablo Casado afirmó antes de sentarse en la mesa de negociación que no aceptaría la imposición de Pablo Iglesias de incrustar a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell en el Consejo General del Poder Judicial. La posición del PP no era negociable. O Podemos y su rastro salían del ámbito negociador del CGPJ o no habría renovación. El PSOE no cambió los nombres y la negociación se rompió.

Lo cierto es que Podemos había tirado de la cuerda del PSOE. Pablo Casado exigió desde el inicio que el partido de Pablo Iglesias estuviera al margen de las negociaciones de renovación del Poder Judicial. El PSOE aceptó inicialmente, pero Podemos se coló hasta la cocina con dos jueces afines para el nuevo CGPJ: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. El PP vetó a los dos en aplicación de la condición previa de que Podemos no podía aparecer en las negociaciones.

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