El Gobierno regulariza a un marroquí con una orden de expulsión por robo con violencia y lesiones

El Gobierno tuvo que recurrir al Consejo de Estado para anular la regularización concedida a un marroquí sobre el que pesaba una orden de expulsión y prohibición de entrada en España durante cuatro años, tras ser condenado por robo con violencia e intimidación y lesiones.

En noviembre, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, requerido por el Ejecutivo, emitió un dictamen, al que ha tenido acceso OKDIARIO, para anular la regularización de este inmigrante.

«Ambos procedimientos -el de concesión de la autorización y el sancionador-se tramitaron de forma paralela en el tiempo, pero sin coordinación ni cruce de datos de ningún tipo», reprocha el Consejo de Estado en el dictamen.

Condenado

La secuencia de los hechos es la que sigue: en julio de 2023, el inmigrante, de nacionalidad marroquí, presentó una solicitud de autorización de residencia temporal, alegando su arraigo familiar.

La Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Gerona solicitó al Registro Central de Penados que le informase sobre los antecedentes penales del interesado.

En el informe constaba que éste había sido condenado, en 2016, «por un delito de robo con violencia o intimidación a la pena de prisión de un año y por un delito de lesiones».

En agosto, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gerona emitió un «informe desfavorable», en el que informaba de «una detención policial en Barcelona por un delito de robo con violencia e intimidación en fecha 30 de septiembre de 2016; otra detención en Barcelona por un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de resistencia y desobediencia en fecha 31 de mayo de 2023».

En marzo de 2024, y a la vista de los informes, la Subdelegación del Gobierno en Gerona dictó una «resolución denegatoria» de la autorización de residencia, alegando que «la conducta personal del solicitante supone una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad».

Autorización hasta 2028

En abril, sin embargo, el inmigrante interpuso un recurso contra esta resolución denegatoria. Unos meses después, en septiembre, la Subdelegación del Gobierno rectificó su decisión y le concedió la autorización de residencia hasta 2028.

Previamente, en mayo de 2023, la Policía había iniciado el procedimiento sancionador para su expulsión, al estar condenado el extranjero a más de un año de cárcel. En julio, se dictó resolución acordando la expulsión y la prohibición de entrada en España durante cuatro años.

En septiembre del año pasado, el Ministerio de Inclusión instó la revisión de la concesión de autorización «al considerar que la misma podría ser nula de pleno derecho».

En el plazo de alegaciones, el inmigrante esgrimió su supuesto arraigo, por ser pareja de hecho de una ciudadana europea, además de la «caducidad» de la orden de expulsión, que no fue ejecutada en el plazo legal de seis meses. Afirmó, además, no representar «una amenaza actual ni grave» para la sociedad. En este contexto, el Gobierno remitió el expediente al Consejo de Estado para aclarar el asunto y poder anular la regularización.

El máximo órgano consultivo estimó «debidamente acreditado» que «en el momento de dictarse el acto de reconocimiento de la autorización», en septiembre de 2024, «se encontraba en vigor la orden de expulsión», de julio de 2023.

En este sentido, el Consejo de Estado informó a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de que procedía «declarar la nulidad» de la autorización de residencia en España. El organismo advierte en su dictamen que «el reconocimiento de tal derecho no puede considerarse en modo alguno compatible con la imposición de una orden de abandonar dicho territorio».