Rebelión de alcaldes contra Sánchez: los ‘contenedores inteligentes’ les obligan a un nuevo impuesto

Varios alcaldes madrileños lanzan una ofensiva contra Pedro Sánchez por su nueva Ley de Economía Circular que, denuncian, provocará una mayor carga impositiva a sus vecinos por la obligación de tener que implantar, entre otros puntos, contenedores inteligentes. OKDIARIO ha hablado con los regidores de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas que trasladan sus críticas.

Precisamente el de Boadilla, Javier Úbeda (PP), ha decidido encabezar las protestas y ha mandado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), en la que asegura que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada este año por el Gobierno, es «necesaria, pero que creo, humildemente, que ha llegado no sólo tarde, sino mal planteada».

«Como ya se advirtió en la tramitación de esta ley, han hecho una norma que conlleva dos impuestos que van a generar una presión fiscal de más de 1.500 millones. Tasas que, al final, van a tener que pagar los ciudadanos y sobre los cuales ustedes, además, no van a tener que dar la cara», reprocha este alcalde que gobierna con mayoría absoluta un municipio de más de 52.000 vecinos al norte de la capital.

Por su parte, Susana Pérez Quilsalt, alcaldesa de Pozuelo, indica a OKDIARIO que su municipio «siempre se ha caracterizado por ser un municipio sostenible con el medio ambiente». «El Gobierno municipal del PP ha priorizado en sus políticas bajar los impuestos a sus vecinos, y con esta ley, necesaria, pero poco trabajada, el gobierno de Sánchez quiere obligar a las administraciones locales a crear nuevas tasas que repercutan directamente en la economía de nuestras familias».

«El Ayuntamiento ya abona la tasa de residuos a la Mancomunidad del Sur, pero lo que busca esta nueva ley es marcar unos plazos para que esos costes sean repercutidos directamente a nuestros vecinos, creando una nueva tasa que hoy es inexistente en Pozuelo», lamenta. «Aquí, el contrato de limpieza está ya casi al 90% adaptado a la nueva ley. Pero, una vez más, Sánchez se olvida de la financiación de las entidades locales que nos vemos obligados a asumir un elevado sobrecoste sin ningún tipo de financiación, más allá de aumentar los impuestos a nuestros vecinos», remata.

Del mismo modo, desde Las Rozas también confirman que están «en contra de esta nueva Ley porque obliga a poner una tasa de basura que en nuestro municipio hace muchos años que se quitó y no tenemos intención de ponerla».

El alcalde José de la Uz comenta a OKDIARIO: «Es cierto que debemos poco a poco adaptar nuestros sistemas de recogida de residuos hacia modelos más sostenibles. Pero desde el Ministerio se elige el peor momento por la crisis económica que estamos sufriendo y que ha disparado la inflación». «Seguramente el desconocimiento de la gestión municipal lleva al Gobierno de España a intentar imponer un nuevo impuesto que en muchos ayuntamientos ya está extinguido», valora este edil.

«Una ruina»

El regidor de Boadilla añade otros elementos en su carta. «El Consejo de Estado indicó que esta ley no contemplaba el impacto económico para comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares, supone la ruina económica para las entidades locales por el gasto que implica las exigencias de ésta», recuerda el edil.

«En el caso del Ayuntamiento que tengo el honor de dirigir, le puedo adelantar que esta regulación va a suponer que, de un gasto de 5 millones de euros que realizamos al año en el servicio de recogida de residuos, vamos a pasar a gastar 8 millones en el mejor de los casos y 10 millones en el peor dado», agrega. Esto se debe a la norma de «priorizar modelos de recogida como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes» y a la «adaptación de los contratos en vigor de las entidades locales relativos a la gestión de los residuos de su competencia».

En este punto, Úbeda formula las siguientes preguntas: «¿De dónde vamos a sacar el dinero para introducir en nuestros presupuestos esta medida? ¿Qué gastos hemos de eliminar? ¿Las ayudas por nacimiento y manutención? ¿Las ayudas por la escolarización y conciliación? ¿Las ayudas por emergencia social? ¿La subvención de las terapias en nuestro centro de atención temprana y postemprana?». Recuerda que en Boadilla no existe ninguna tasa para cubrir esos nuevos gastos.

Sánchez quiere de esta forma aprovechar las arcas municipales, que gozan de mejor salud que las nacionales, para sufragar sus políticas. «Nadie puede poner en cuestión el principal objetivo de la norma, reducir al mínimo los efectos negativos de los residuos. Ahora bien, ¿por qué obligan a las entidades locales a generar nuevos impuestos cuando la inflación está ahogando a las familias, cuando España encadena diez meses seguidos con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, o cuando aún estamos sufriendo las consecuencias del Covid-19?», agrega.

«Otra piedra»

Del mismo modo, señala «otros aspectos discutibles, como los plazos para adaptar los contratos y las ordenanzas y los objetivos fijados. Pero deseo ahondar en este escrito sólo en el coste que supone esta ley. Pone otra piedra pesada más en la mochila de los Ayuntamientos y en los bolsillos de los españoles, como si estos pudieran aguantar más peso».

Concluye la carta indicando: «Esperando que esta misiva le produzca una mínima reflexión sobre las consecuencias reales de esta normativa que recientemente han aprobado, reciba un cordial saludo».