Decisión del Tribunal Constitucional

Reacciones a la anulación de la ley navarra de ‘torturas’: «Varapalo a la credibilidad» del Gobierno

El Constitucional anula la ley navarra de ‘víctimas’ de funcionarios públicos y la extrema derecha

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Amaya Fernández, secretaria general del PP vasco.

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha destacado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, supone un «varapalo a la credibilidad» de los gobiernos central y vasco.

En declaraciones a Europa Press, Amaya Fernández se ha referido a la decisión del Tribunal Constitucional de anular esta ley, que estaba suspendida cautelarmente por el veto del Gobierno del PP.

A juicio de Fernández, la decisión del TC supone «un varapalo a la credibilidad del Gobierno central y vasco» y debe traer consigo la «inmediata reflexión del Ejecutivo central», al que ha acusado de «estar dispuesto a ser la herramienta del nacionalismo para que éste sortee el control constitucional».

Para Fernández, el pronunciamiento del Constitucional deja «en evidencia» tanto a PSOE como al PNV en su «intento de sortear el control de legalidad y de que el nacionalismo vasco se atribuya funciones que corresponden al poder judicial».

Tras advertir de que las vulneraciones de derechos humanos son algo «gravísimo, más cuando éstas hayan sido cometidas por funcionarios públicos», ha destacado que el PP vasco lleva en su ADN la condena y la «frontal oposición a cualquier vulneración de derechos humanos». «Pero ello no debe suponer la renuncia a la seguridad jurídica y las garantías necesarias», ha añadido.

Para la dirigente del Partido Popular vasco, los cambios que proponen PNV y PSOE en la ley vasca representan un «mero ejercicio cosmético», ya que «no cambia el objetivo de la ley vasca de abusos policiales, que pretende que una comisión extrajudicial presente, sin pruebas, a la Ertzaintza, Policía y Guardia Civil, como torturadores sistemáticos».

C’s

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que el Tribunal Constitucional «ha dejado claro» en la sentencia con la que anula ley foral de víctimas de funcionarios públicos que «la autoridad y la responsabilidad de decidir si algo es legal o es ilegal corresponde a la Justicia y no a comisiones políticas».

Pérez-Nievas ha insistido en que «la sentencia deja claro que no se elimina el derecho al resarcimiento de las víctimas, sino que esto se debe realizar siguiendo las previsiones legales, es decir, a través de la Justicia, y no de comisiones políticas creadas por un gobierno con el único propósito de fomentar la persecución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

Asimismo, ha destacado que «este tribunal ha tumbado una ley que el Gobierno foral pretende vestir como una reparación de víctimas de violencia política, pero cuya única finalidad es exclusivamente política, tal como se ha argumentado en su sentencia».

A su vez, ha recalcado que es «especialmente preocupante que esta ley haya sido aprobada con el respaldo del PSN, un partido que se dice constitucionalista, pero que se ha dejado utilizar por el gobierno en un intento de disfrazar de transversalidad todo lo que rodea a dicha ley». Y ha añadido que «mientras el tribunal declara la ley de juicios paralelos como inconstitucional, Pedro Sánchez retira el recurso para la misma ley en el País Vasco, otro peaje más a pagar a los nacionalistas por parte del presidente del Gobierno».

Pérez-Nievas ha afirmado Ciudadanos celebra que «se haya impedido este intento de crear tribunales políticos en Navarra y esperamos que Pedro Sánchez desista de su intención de permitírselo al PNV y sus socios en el País Vasco». «Una separación clara de poderes es la primera garantía de convivencia», ha señalado.

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