CORRUPCIÓN PSOE

Quién es Vicente Fernández: su relación con María Jesús Montero, su imputación y todo sobre el ex presidente de la SEPI

La cercana relación con María Jesús Montero que le hizo llegar hasta presidente de la SEPI

El vínculo de Vicente Fernández con la 'trama Cerdán'

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Vicente Fernández
Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero.

El arresto de Vicente Fernández Guerrero, ex alto cargo vinculado al círculo íntimo de la vicepresidenta María Jesús Montero, destapa un escándalo de contrataciones que salpica al corazón del Gobierno.

Guerrero, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se encuentra en el centro de una grave investigación judicial tras ser detenido en el marco de una operación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Este arresto, ejecutado por la Guardia Civil bajo secreto de sumario por la Audiencia Nacional, no sólo afecta a una de las figuras históricas del aparato socialista andaluz, sino que pone directamente el foco sobre la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien Fernández era considerado un hombre de máxima confianza.

Quién es Vicente Fernández: donde nació, edad, estudios y currículum

Vicente Fernández Guerrero nació en Málaga en el año 1973, por lo que actualmente tiene 52 años. Sin embargo, ha pasado gran parte de su vida entre Sevilla y Cádiz.

Cursó sus estudios de enseñanza secundaria en Cádiz. Tras ello, se trasladó a Sevilla para estudiar el grado de Derecho, del que se graduó en 1996. Posteriormente, ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (1999) siendo el primero de su clase.

Desde entonces, alternó puestos de responsabilidad dentro de la administración autonómica y el asesoramiento jurídico.

El protegido de Montero: de la Junta a la SEPI

La relación entre Vicente Fernández y María Jesús Montero se forjó en Andalucía. Cuando Montero ejercía como consejera de Hacienda en la Junta, Fernández ocupaba el puesto clave de Interventor General.

Fue precisamente Montero quien, tras el ascenso del PSOE al Gobierno central en 2018, lo ficha como hombre de confianza y lo trae a Madrid para nombrarle presidente de la SEPI, una de las empresas públicas más estratégicas del Estado. Este nombramiento, que la oposición tildó en su momento de «agradecimiento por los servicios prestados», le garantizó un sueldo de alto nivel, cercano a los 220.000 euros brutos anuales.

La sombra del caso ‘Aznalcóllar’ y la inexplicable vacante

La trayectoria de Fernández al frente de la SEPI estuvo marcada por la polémica. En octubre de 2019 se vio obligado a dimitir de su cargo tras ser imputado en el caso Aznalcóllar por el supuesto amaño en la adjudicación de la mina.

Sin embargo, lo más llamativo fue la gestión que hizo Montero de esta dimisión: en lugar de nombrar un sustituto de inmediato, la presidencia de la SEPI se mantuvo vacante durante 16 meses (hasta marzo de 2021). Esta parálisis en una entidad estratégica fue interpretada como una maniobra política para «guardarle» el puesto a la espera de su desimputación, hecho que ocurrió la semana pasada cuando fue absuelto de esta causa junto a otros acusados.

La nueva imputación y el vínculo con la ‘trama Cerdán’

Apenas unos días después de su absolución en el caso, la Justicia volvía a actuar sobre él. Fernández Guerrero fue detenido junto a Leire Díez, ex militante del PSOE conocida por su actividad política y sus vínculos con la trama de corrupción del partido.

Las diligencias se centran en presuntas irregularidades en la contratación pública. La investigación ha puesto de manifiesto que, tras su salida de la SEPI, Fernández se recolocó en Servinabar 2000 SL, una empresa navarra que ha sido objeto de escrutinio por supuestas comisiones en contratos de obra pública y que se relaciona con el entorno de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

La detención de Vicente Fernández conecta, por tanto, el historial de altos cargos fichados por María Jesús Montero con una presunta trama de comisiones y contratos bajo investigación, acentuando las sospechas sobre la opacidad en las designaciones políticas en las empresas públicas.

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