Sánchez reformará la Ley Orgánica Penitenciaria para facilitar la excarcelación de presos etarras y golpistas

La investidura de Pedro Sánchez empieza a definirse: necesitará del apoyo o abstención de ERC, PNV o EH Bildu. Sin esos protagonistas no hay suma posible para que el líder socialista sea presidente y el PSOE ha abierto ya el bazar de las ofertas legislativas, entre ellas, la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para facilitar la salida de presos etarras y golpistas.

Oficialmente la reforma se venderá como una “actualización y modernización” necesaria para adaptar la norma al avance de los tiempos. Pero lo cierto es que el cambio legal será potente y se encuentra ya en la mesa de negociación de PNV y de ERC.

El objetivo no es otro que vestir la Ley Orgánica con un cambio más garantista para los reclusos. Se afirmará que lo que se pretende es mejorar las posibilidades de reinserción y los mecanismos de aplicación de los beneficios penitenciarios. Se dirá que es necesario un avance en los sistemas de reincorporación a la vida social posterior de los presos, una vez cumplidas las penas. Pero, por debajo de todos esos supuestos objetivos late el deseo de conceder un mayor margen de excarcelación a los responsables de la competencia penitenciaria. Y esa competencia se pretende igualmente traspasar con poderes ampliados a las comunidades autónomas que reclamen un mayor poder penitenciario.

Se dirá que es necesario avanzar en la reinserción social pero late el deseo de conceder un mayor margen de excarcelación a los responsables de la competencia penitenciaria

Esta reforma se combinará con otro plan puesto ya en marcha en el pasado mandato de Sánchez: una fórmula planteada hace meses a ERC y PNV y que afecta de forma decisiva al Poder Judicial. Consiste en una reforma de la legislación del Poder Judicial para dar áreas de control a las autonomías nacionalistas. Una reforma que, eso sí, debe previamente sortear un grave problema para los separatistas: el hecho de que el fraccionamiento del Poder Judicial nacional ya ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, el PSOE ya ha ofrecido a ERC y PNV una fórmula camuflada que permitiría avanzar por esta vía. Una fórmula que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria -casualmente, los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles-.

El esquema base que se pretende tomar en esta segunda parte del plan trazado para conceder el control de los presos a los Gobiernos regionales nacionalistas es el planteado ya entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto Vasco. Allí los socialistas han comunicado ya su disposición a negociar la creación de un ‘Consejo de Justicia de Euskadi’. Ese nuevo Estatuto Vasco pone sobre la mesa muchas materias: desde la “autoderminación»; hasta la anexión de Navarra y de los territorios del País Vasco francés, el condado de Treviño y el Valle de Villaverde; o el espinoso tema del fraccionamiento de la Justicia nacional.