PSOE y Podemos suprimen las multas a manteros y okupas en su ley de Seguridad: más de 5.000 desde 2015

PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que conforman el Gobierno, quieren suprimir el artículo 37.7 de la ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) que sanciona tanto okupaciones eventuales como la venta ambulante ilegal. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias en base a datos oficiales del Ministerio de Interior, por estas infracciones leves se han ejecutado más de 5.000 sanciones desde la entrada en vigor de dicha norma.

Los dos socios de coalición comparten el objetivo de desvirtuar este artículo en la proposición de ley del PNV de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que se tramita ahora mismo en el Congreso de los Diputados, encontrándose en la fase de enmiendas al articulado.

Así, socialistas y comunistas pretenden, como plantea el PNV, vaciar de contenido el actual artículo 37.7, según el cual «la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal».

Este precepto también incluye «la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente». Y precisa: «Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada».

Sin embargo, el Ejecutivo bipartito y sus socios de la mayoría Frankenstein reducen la posible sanción a la «ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por una Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente».

En estos momentos, con el artículo 37.7 se sanciona por la vía administrativa las ocupaciones de baja intensidad, fundamentalmente ocasionales y sin vocación de permanencia, cuando no sean constitutivas de infracción penal. No obstante, aquí se contempla la ocupación de un inmueble, vivienda o edificio ajeno, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo.

Descenso con Sánchez

Estas okupaciones y las infracciones por venta ambulante no autorizada en la vía pública han generado 5.233 expedientes de sanción finalizados y recaudados entre 2015 y 2020, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. En concreto, 2015, año de entrada en vigor de la norma, registró 222 multas (que reportaron 28.800 euros); luego se elevaron a 1.173 en 2016 (144.100 euros); 1.274 en 2017 (169.830€); 1.179 en 2018 (183.102€); 710 en 2019 (128.47o€) y 675 en 2020 (97.850€).

Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez a mediados de 2018, con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, se ha producido un considerable descenso en este tipo de sanciones por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, habiendo instrucciones no escritas de relajar aquí el listón de las multas.

En octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó con los votos de PSOE, Podemos y sus socios una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos, respaldada por PP y Vox a través de una enmienda transaccional, que pedía al Gobierno agilizar los desalojos y endurecer las penas para los ‘okupas’.

Esa proposición proponía modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que, ante «indicios suficientes» de que la vivienda se usa para la comisión de delitos graves y flagrantes, las fuerzas policiales puedan proceder a la entrada, registro, identificación y desalojo de los ocupantes y se restituya en la posesión al legítimo propietario.

El PP elevará la multa

Por su parte, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, señaló en la multitudinaria manifestación de policías y guardias civiles contra la nueva ley de Seguridad Ciudadana que lo primero que hará su formación cuando llegue al Gobierno será «derogar» esta reforma de Sánchez y sus aliados y volver a la norma de 2015 que aprobaron los populares, un texto refrendado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y junto a ello, destacó dos nuevos elementos que se añadirán, elevar las sanciones por okupaciones hasta los 600.000 euros (ahora entre 100 y 600 euros) y los homenajes a los terroristas.