PSOE y Podemos apoyan en el Congreso un modelo público de residencias ‘hogar’ para desterrar a las privadas

PSOE y Podemos, los dos partidos que sostienen el Gobierno, han apoyado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) de la formación de Pablo Iglesias para apostar por un modelo público de residencias de mayores que destierre a las privadas.

En concreto, esta iniciativa, que tiene carácter de mandato parlamentario para el Gobierno, ha sido debatida este martes en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara baja y ha salido adelante, con una enmienda de los socialistas, con los votos a favor de Unidas Podemos, PSOE, EH Bildu y Esquerra Republicana, el voto en Ciudadanos y Vox y la abstención de PP, PNV y de JuntsxCat.

En concreto, el texto defendido por Unidas Podemos insta al Ejecutivo a «impulsar un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el Tercer sector o con la comunidad».

Junto a ello, el partido del vicepresidente ‘social’ emplaza al Gobierno a trabajar en favor de un sistema de cuidados de personas mayores que «debe ser en un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y que articule unos servicios que se adapten a las necesidades de las personas, y no al revés. Los entornos residenciales deben caminar hacia modelos hogar», subrayan los morados.

Preferencias

Además, la PNL reclama al Ejecutivo «procurar una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, aplicando un modelo de cuidados que respete la autonomía, dignidad y preferencias de cada persona, evitando así modelos que lo institucionalicen», señala el texto registrado que ha sido respaldado por el PSOE con leves modificaciones a través de su enmienda.

Junto a ello, los socialcomunistas piden a su propio Gobierno «la elaboración de un Programa de Acreditación de Calidad de Residencias de Mayores, en colaboración con las comunidades autónomas». Y en última instancia, llaman a «revalorizar y dignificar el trabajo de cuidados, garantizando un salario adecuado y suficiente a las trabajadoras de las residencias en un marco laboral que asegure que el desempeño de su trabajo se desarrolle en condiciones seguras y con todos los medios de protección necesarios».

Resulta llamativo que los socialcomunistas presten ahora esta atención sobre las condiciones de trabajo del personal de residencias, cuando el vicepresidente Pablo Iglesias dejó a estos centros a su suerte en la peor fase de la pandemia después de que el mando único delegara en él la respuesta de Moncloa a la grave situación de los geriátricos, que denunciaron la tardanza a la hora de «medicalizar estos centros con más recursos y con equipos de protección individual para los profesionales» que trabajan en ellos.

Durante la primera ola de coronavirus, la patronal de residencias de ancianos intentó contactar hasta en cinco ocasiones con Pablo Iglesias para trasladarle sus preocupaciones más urgentes. Y todas estas llamadas fueron ignoradas, según fuentes del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), la mayor organización en España dedicada a la dependencia por número de plazas y representatividad. Cabe precisar que CEAPs aglutina a empleados que atienden a más de 370.000 personas, incluyendo aquí no sólo residencias sino también el servicio de atención en domicilio y la teleasistencia.

«Atención domiciliaria»

El principal impulsor en el Ejecutivo de PSOE y Podemos de ese nuevo modelo de residencias ‘hogar’, que vaya arrinconando a los centros privados, es el propio Pablo Iglesias. Durante una comparecencia el pasado junio en esta misma Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 enfatizó que su objetivo pasa por poner fin a un «modelo de residencias precarizado y privatizado».

«Deberíamos estar hablando de parecernos más a los países nórdicos y apostar por un modelo de atención domiciliaria», declaró Iglesias, cuyo ministerio se ha fijado el objetivo de presentar una ley en este sentido el próximo año. Desde la oposición critican el falso argumento de las residencias privadas sean «malas porque son un negocio» y las públicas, «maravillosas», como dijo este martes la portavoz de Vox en esta Comisión, Reyes Romero, según informó Ep.

En la comparecencia de junio, tanto Romero como la portavoz del PP, Alicia García, también cargaron con dureza contra Iglesias por la situación a la que fueron condenadas las residencias de mayores durante la primera ola. Así, ambas diputadas le acusaron de eludir su «responsabilidad» sobre estos centros que, según remarcaron, se han convertido «en una cárcel y en una tumba colectiva». En la segunda ola de coronavirus las cifras también han sido alarmantes sin que el Gobierno haya desplegado un plan de choque contundente. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras denunció que sólo en la última semana de octubre, fallecieron 336 mayores en residencias, el 50% de los finados totales (790) que había en ese momento.