El PSOE apoya una petición de Bildu para acercar a dos etarras condenados a 3.860 años de cárcel
El PSOE en el Ayuntamiento de Bilbao ha votado a favor de incluir en el orden del día del Pleno municipal, para su debate, una proposición de Bildu para acercar a los etarras Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, condenados en 2013 a 3.860 años de cárcel por 160 delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos por el atentado contra la casa cuartel de Burgos. Fue la mayor condena de la historia de ETA. 41 de los heridos eran niños.
En la proposición, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el partido de Arnaldo Otegi justifica el traslado en que los presos -que cumplen condena en la cárcel de Aranjuez- son padres de una niña de 3 años, nacida en prisión, que «tal y como establece la legislación penitenciaria», en marzo de 2021 «tendrá que salir del centro penitenciario donde se encuentra, ya que el periodo máximo de estancia de una menor con sus progenitores en un centro penitenciario es hasta la edad de tres años».
Por ello, desde Bildu -partido socio del Gobierno de Pedro Sánchez- se destaca que «si ya de por sí la lejanía» de la niña y sus padres «de sus lugares de origen y de sus familias ha sido hasta ahora una situación difícil», con la salida, la niña «llegará a un entorno nuevo en el cual no dispondrá de sus referencias de hasta ahora, al que se va a tener que adaptar». Además, añaden que «le va a suponer tener que recorrer cientos de kilómetros semanalmente para poder ver a su padre y a su madre, con lo que sufrirá la condena aplicada a sus progenitores en su propia persona».
Desde la formación proetarra añaden que «a sus progenitores también les afecta, ya que aunque estén en situación de prisión siguen siendo el padre y la madre, y no van a poder ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones». «Las consecuencias del alejamiento son severas, duras y máxime si hablamos de una niña de en torno a tres años de edad», prosiguen.
Por ello, la iniciativa, que se votará próximamente en el Pleno municipal, reclama al Ayuntamiento de Bilbao -gobernado por PNV y PSE- que «inste a Instituciones Penitenciarias a que de manera urgente» se traslade a los presos y a la menor «a la prisión de Zaballa», por «razones humanitarias y en interés del menor, atendiendo a las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas».
Además, se promueve que una delegación del propio Ayuntamiento «realice una visita» a la niña y sus progenitores en el Centro Penitenciario de Aranjuez «a fin de conocer la situación de la niña y sus necesidades».
Todos los grupos municipales, a excepción del Partido Popular, han votado a favor de que la propuesta se incorpore al Pleno.
Una explosión «aterradora»
En 2013, la Audiencia Nacional condenó a los tres miembros del comando Otazua -Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria- a 3.860 años de cárcel por el atentado con una furgoneta bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos. Un atentado frustrado que provocó 160 heridos.
En la sentencia se recogían los testimonios de los peritos, que declararon que la explosión fue «aterradora». La furgoneta iba preparada para cometer una masacre: más de 700 kilos de amonal.
Según los peritos, además de los daños físicos de las víctimas -algunas de las cuales necesitaron más de 500 días para recuperarse- también se tuvieron que enfrentar al estrés postraumático, con múltiples depresiones.
Los jueces consideraron que los etarras buscaban atentar mortalmente contra el mayor número de personas. El edificio quedó «derruido por arriba y por abajo», como se recogió en la sentencia.
Además, la Audiencia Nacional condenó también a Zapirain y Etxebarría como autores del asesinato, en junio de 2009, del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles. El inspector, como quedó probado en la sentencia, fue asesinado con una bomba lapa adosada en su vehículo. Zapirain colocó el explosivo.
También fueron condenados a 485 años de cárcel por el asesinato del brigada Luis Conde, en 2008.
Contra la Ley de Víctimas
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Carlos García, ha expresado su rechazo a que la iniciativa se debata en el Pleno porque, ha considerado, «vulnera la Ley del Parlamento Vasco de Víctimas del Terrorismo, ya que se están reclamando derechos para dos personas condenadas por gravísimos delitos de terrorismo».
García ha aprovechado su intervención en la comisión para trasladar su apoyo a la familia del inspector Puelles «y sus dos huérfanos, así como a los 22 niños asesinados por ETA».
Además, ha señalado que se vulneran los derechos del menor, ya que la proposición de Bildu difunde datos personales de la pequeña. «Consideramos que eso primera por encima de otro tipo de intereses, ya que se vincula a esta menor con un hecho lamentable y triste que es tener unos progenitores terroristas», ha observado el concejal del PP. Ello, ha añadido, «puede considerar un mal irreversible a la menor», cuyos derechos «hay que preservar».
Desde el PSOE, por su parte, han alegado que «estamos en un Estado de Derecho y esa es la gran virtualidad que todos los habitantes de este país tenemos». Por ello, han votado a favor de que la proposición sea debatida en Pleno.