Sánchez engaña hasta a los antifranquistas: les prometió 21 millones y les da la mitad

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, incluye una dotación de 11 millones de euros para la Memoria Histórica, una de las banderas del Gobierno socialcomunista. La cifra supone casi la mitad de lo que el propio Pedro Sánchez reclamaba a Mariano Rajoy, en 2018.

Entonces, el PSOE, en una de sus enmiendas a los Presupuestos del PP, reclamaban esa dotación para, entre otras cosas, financiar las exhumaciones de víctimas del franquismo o «resignificar» el Valle de los Caídos. También pedían reabrir la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura -creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- dotada con el suficiente personal y material «para el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Ley de Memoria Histórica».

Los socialistas consideraban entonces que esos 21 millones eran necesarios para «el reconocimiento y resarcimiento» de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, con medidas como la exhumación e identificación de desaparecidos; la creación de un banco de ADN, la retirada de símbolos franquistas; la creación de un Consejo de la Memoria y Comisión de la Verdad y la resignificación del Valle de los Caídos. Todas ellas, prometidas después por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque ninguna se ha llevado a cabo en su totalidad.

En la justificación de la enmienda, el PSOE acusaba además al Gobierno de Rajoy de haber reducido «drásticamente» la dotación para esas políticas desde 2012.

Ahora, las cuentas elaboradas por el Gobierno no sólo reducen la partida que entonces reclamaba Sánchez, sino la que se incluyó en los Presupuestos para 2019, y que era de 15 millones. El Ejecutivo, no obstante, defiende que «es un dato relevante en este momento que vivimos en el que hay partidos que defienden un vergonzoso revisionismo histórico».

Con los Presupuestos del PP prorrogados, el Ejecutivo de coalición ha ido aprobando algunas partidas puntuales destinadas a la Memoria Histórica. En julio, por ejemplo, anunció una dotación de 750.000 euros, destinados en parte a la exhumación de las fosas.

Tras la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos -que el Gobierno convirtió en un acto de mera propaganda- las acciones de Memoria Histórica han pasado a un segundo plano.

Quejas de las asociaciones

Una circunstancia que ha provocado las críticas de los colectivos antifranquistas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha avisado de que la intención del Gobierno de destinar 11 millones a la búsqueda de desaparecidos «no cumple con los criterios de Naciones Unidas con respecto a los derechos de las víctimas del franquismo».

«¿Hay un límite económico a partir del cual el Estado deja de investigar un crimen? ¿O puede ocurrir que en un atentado el dinero se acabe antes de que el Estado indemnice a todas las víctimas? Entonces ¿por qué hay una partida limitada para ayudar a los familiares de los desaparecidos por la represión franquista? Si dar sepultura digna a un ser querido es un derecho no puede existir un techo presupuestario a lo que hay que añadir que el Estado se niega a atender a las víctimas de la dictadora, como si no fueran víctimas, como si fueran inferiores a otras víctimas como las del terrorismo», se preguntan, en un comunicado crítico contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Consideran que, al establecer un «techo económico» se «limita el número de personas que pueden ejercer el derecho a exigirle al Estado la búsqueda de un ser querido y que por lo tanto discrimina a las que puedan acceder a esos recursos limitados frente a las que no puedan hacerlo».

También critican que el Ejecutivo delegue en las asociaciones «la responsabilidad de atender a los familiares, algo que no ocurre con víctimas de otras violencias, como las del terrorismo, que son atendidas directa y urgentemente por el Estado».

«El Gobierno de Pedro Sánchez prometió en octubre de 2019 una partida de 15,2 millones de euros destinada a la memoria y ahora el nuevo Gobierno de coalición la reduce esa partida en casi un 30%. Ninguna de las dos garantiza el derecho de las familias de todas las familias», concluyen.