El PP lleva al Congreso su revolución fiscal para ahorrar 10.000 millones en impuestos

El Partido Popular forzará un debate en el Congreso de los Diputados sobre su plan fiscal que permitirá a los españoles ahorrar 10.000 millones en impuestos, según sus cálculos.

Los populares ya presentaron este plan en sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado, siendo rechazado por PSOE y Podemos. Ahora, el partido de Pablo Casado obligará a Pedro Sánchez a explicar por qué rechaza un ahorro fiscal de tal calibre a los españoles. La proposición no de ley se tramita en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Desde el PP señalan que «por mucho que se empeñe la propaganda gubernamental, la realidad es tozuda y ni salimos más fuertes ni tenemos un crecimiento robusto y, lo peor de todo, estamos dejando a muchos atrás».

«Exactamente a 12,5 millones de personas que se encuentran en riesgo de exclusión o pobreza, incluyendo a 3,3 millones de personas en carencia material severa, según la última Encuesta de Condiciones de Vida que recoge sólo parcialmente las consecuencias económicas y sociales de la pandemia», recogen en su exposición de motivos.

Desde el partido de Pablo Casado reprochan que el Gobierno «utiliza los Presupuestos Generales del Estado para apuntalar la legislatura a base de concesiones de todo tipo a nacionalistas, independentistas y Bildu, concesiones de dudosa legalidad -como una ley de vivienda que pisotea la propiedad privada, la seguridad jurídica y la economía libre de mercado- y clara inmoralidad -el cambio de presos por presupuestos que reconoció Otegi».

«Junto a esas hipotecas externas, se repiten las erróneas recetas que nos han llevado a ser el país europeo más rezagado en la recuperación: frente al 9,8 % de crecimiento recogido en los presupuestos vigentes, la realidad es que el PIB no va a crecer ni la mitad de lo previsto, estaremos en torno al 4,6%».

«Se asfixia a familias, autónomos y pymes para mantener el nivel de gasto en máximos históricos, sustituyendo gasto coyuntural asociado a la pandemia (sanitario, educativo y de protección del empleo) por gasto que amenaza con ser estructural y que se tiene que financiar no solo con nuevas subidas de impuestos, sino también con un aumento desorbitado de deuda pública (en términos de PIB, el doble que la media europea), factores ambos que lastran la recuperación y nos sitúan a la cola de Europa», alegan. +

Por ello, los populares proponen «una revisión y reducción del gasto público político», especialmente «en aquellos casos de estructuras redundantes e injustificadas, puestos de confianza vacíos de contenido o sueldos injustificados al margen del propio estatuto del empleado público, con el objetivo de reducir la brecha de eficiencia en el sector público entre España y la media de la OCDE, actualmente en torno al 14 % según el Instituto de Estudios Económicos».

Según sus cálculos, esta liberación de recursos, «sin perjudicar la calidad de los bienes y servicios públicos prestados por el Estado», permitiría afrontar un Plan de Estímulo Fiscal para la reactivación económica y la creación de empleo, que devolvería más de 10.000 millones de euros al bolsillo de los españoles «contribuyendo al ciclo virtuoso del crecimiento».

Medidas fiscales

Entre las medidas fiscales que se proponen este plan está una rebaja del IRPF «que permita a las familias recuperar el poder adquisitivo perdido este año, especialmente concentrada en los tramos medios y bajos», la supresión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados «para la compra de vivienda habitual para ayudar al acceso a la primera vivienda a la población en general y a los jóvenes en particular», así como la «revisión y supresión de todas aquellas tasas y otros ingresos tributarios que suponen trabas administrativas, pero cuyo poder recaudatorio es mínimo».

Además, proponen la reducción de las cotizaciones sociales para jóvenes y parados de larga duración, «para incentivar la contratación de dos colectivos cuya tasa de paro es realmente inaceptable», una bonificación del 50% en el Impuesto de Sociedades a aquellas empresas que se establezcan en municipios de menos de 5.000 habitantes y la supresión definitiva tanto del Impuesto sobre el Patrimonio como del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.