Congreso de los Diputados

El PP exige que Iglesias comparezca en la ‘Comisión Kitchen’ y el PSOE no llama a Villarejo

Los populares solicitan además la citación de Calvente, el ex abogado de Podemos denunciante de la 'caja B'

PSOE y Podemos vetan consultar al juez García-Castellón sobre el uso del sumario en la 'Comisión Kitchen'

Pablo Iglesias democracia
Pablo Iglesias en el Congreso. (Foto: Podemos)
Segundo Sanz

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados sobre el supuesto espionaje desde el Ministerio del Interior al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Por su parte, el PSOE no ha incluido al ex comisario José Villarejo.

Los populares han propuesto además la comparecencia del ex abogado de Podemos José Luis Calvente, denunciante de una supuesta financiación irregular en el partido morado, la letrada Marta Flor y la vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, de Unidas Podemos. Cabe recordar que PSOE y Podemos, los dos partidos que sostienen el Gobierno, rechazaron abrir una comisión de investigación sobre la presunta Caja B de la formación de Pablo Iglesias, al tiempo que sí acordaron hacerlo en relación a la Operación Kitchen haciendo oposición desde el propio Gobierno a un Ejecutivo anterior.

Sin embargo, la solicitud de creación de una comisión de investigación en relación a la presunta financiación irregular de Podemos sí pivotaba sobre uno de los partidos gobernantes y, en concreto, sobre las elecciones del 28 de abril de 2019 que luego se repitieron el 10 de noviembre del mismo año y dieron lugar al Gobierno de coalición. Se da la circunstancia de que Podemos se encuentra actualmente imputado por el juez de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en la causa abierta por malversación y administración desleal tras la denuncia del ex abogado de la formación José Manuel Calvente.

Así mismo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad penal en las cuentas electorales de Podemos en relación con los comicios generales de abril de 2019. Los dos partidos del Gobierno también han impedido que Pablo Iglesias dé explicaciones sobre esta cuestión en la Cámara baja.

«Distracción de dinero»

En una reciente resolución manteniendo la imputación del partido de Pablo Iglesias, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 ha expuesto que «es objeto del presente procedimiento la presunta comisión por parte de cargos ejecutivos de Podemos de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la LOREG, al existir indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada para las elecciones del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio».

Además, el magistrado señala que «existen indicios de que el contrato suscrito por dicho partido político y la sociedad Neurona Comunidad S.L. en fecha 25 de febrero de 2.019 se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mejicana, concretamente a Creative Advice Interactive», vinculada a Neurona Consulting.

En su escrito de comparecencias para la Comisión Kitchen, el PP también pide que sean llamados el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasla; la titular de Defensa, Margarita Robles; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y  el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Además, aparecen dos ex ministros socialistas de Justicia, el magistrado y ex alcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y el jurista Mariano Fernández Bermejo.

Junto a ello, el PP pide que sean citados los comisarios y agentes Manuel Morocho, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Rubén Eladio López o Telesforo Rubio. Algunos de ellos también aparecen en el escrito del PSOE, que no cita de momento al ex comisario José Villarejo. Los socialistas prefieren empezar la comisión -que este jueves se reúne para fijar las primeras comparecencias- escuchando el testimonio de los imputados Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO); Eugenio Pino, quien ejercía como jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), así como a sus colaboradores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.

El PSOE también quiere que declaren en sede parlamentaria el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, así como a los ex ministros María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz; el ex secretario de Estado Francisco Martínez; el ex director de la Policía Ignacio Cosidó, y el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto.

Podemos quiere citar a Inda

Por su parte, Podemos, que ha presentado su escrito de comparecencias por separado del PSOE, pese a hacerlo juntos en la creación de la Comisión, quiere que sea llamados también la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el general Félix Sanz Roldán, antiguo director del CNI; y el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, unas comparecencias que no han sido contempladas por el PSOE.

En el marco del caso Kitchen, OKDIARIO desveló que el Ministerio del Interior utilizó fondos reservados que obraban en poder de Francisco Martínez, encargado de distribuirlos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia Bárcenas entre 2013 y 2015.

Para ello, pactaron con el falso cura Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de los Bárcenas. El objetivo era recuperar tres pendrives con información sensible del Partido Popular. Los responsables del plan adelantaron a Olivares 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.

También sobornaron al chófer del ex tesorero popular, Sergio Ríos, quien realizó una labor de confidente y por la que recibió 2.000 euros netos mensuales durante dos años. En total, cobró 48.000 euros por su papel como infiltrado y fue premiado con el ingreso en la academia de la Policía Nacional y la consiguiente entrega de una plaza en la escala básica.

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