El PP espera que la UE fije el «sistema de trabajo» para renovar el CGPJ pese al recelo de la Comisión

El plan del PP para poder renovar el CGPJ pasa por implicar lo máximo posible a la Comisión Europea como supervisor, esto es, como contrapeso al PSOE de Pedro Sánchez, del cual los populares ya no se fían. De hecho, fuentes de la dirección del PP señalan que el partido no volverá a mover ficha hasta la que la Comisión fije el «sistema de trabajo» a seguir en las negociaciones. «Nosotros estamos a la espera», señalan, remitiéndose a los últimos contactos mantenidos con el comisario de Justicia, Didier Reynders, antes de final de año.

Sin embargo, frente a esta pretensión del PP, los mensajes que van llegando desde la Comisión son de recelo hacia ese papel de supervisor planteado por el PP y aceptado por el PSOE justo a finales de 2023. De hecho, este lunes Bruselas reclamó tiempo para responder de forma «útil» a dicha propuesta a la que accedió el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a instancia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión que mantuvieron en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de diciembre.

«No es habitual que la Comisión tenga esta responsabilidad y se nos ha pedido justo antes de Navidad dar una respuesta, así que dadnos tiempo para que la forma en que contestemos sea útil y contribuya a resolver el problema», manifestó en rueda de prensa Eric Mamer, portavoz del Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen.

Mamer enfatizó que este asunto «viene de lejos» y que «sólo ahora se ha pedido a la Comisión que intervenga», pidiendo así rebajar la presión sobre los próximos pasos de la UE. «No olvidemos que es una responsabilidad de las autoridades nacionales españolas y no de la Comisión», incidió Mamer.

En el mismo sentido, el portavoz de Justicia, Christian Wigand, subrayó que Bruselas está «en proceso de reflexionar sobre la petición», al tiempo que recordó que la posición de la UE sobre el bloqueo en el órgano de los jueces no ha cambiado respecto a la expresada en las recomendaciones incluidas en el informe anual sobre el Estado de Derecho de los países miembros.

«Puedo repetir la clara posición sobre este tema en nuestro informe sobre el Estado de Derecho: para la Comisión es importante que la nominación de los miembros del CGPJ se aborde como prioridad e inmediatamente después se inicie el proceso para la reforma del proceso de designación, según los estándares europeos», precisó Wigand.

Este martes, en una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha afirmado que espera la supervisión de la UE siga o no Didier Reynders como comisario europeo de Justicia. El líder del PP se ha referido a la posibilidad de que el político belga deje de ser comisario si se presenta como candidato a presidir el Consejo Europeo.

«Si esto es así, pues probablemente habrá alguna decisión de la presidenta de la Comisión desde el punto de vista de la no continuidad del señor Reynders», ha indicado sobre Von der Leyen, antes de recalcar que confía en que la UE interceda y les dé una respuesta en los próximos días.

«Desprotección del Estado»

Entretanto, el PSOE ha continuado en estas semanas acusando al PP de mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese a la negativa de los socialistas a aceptar de antemano que los jueces elijan a los jueces. Así, el partido de Pedro Sánchez ha utilizado la propuesta del PP de introducir en el Código Penal la «deslealtad constitucional», con posibilidad de disolver a las formaciones y organizaciones que convoquen referéndum ilegales o declaraciones unilaterales de independencia, para reprochar a los populares que su «deslealtad» con la Carta Magna es no renovar el Poder Judicial conforme al sistema vigente.

«No deja de llamar la atención que un partido que está incumpliendo la Constitución desde hace más de 1.800 días (en alusión al PP por el bloqueo del CGPJ), diga que se declaren fuera de la legalidad los partidos que no cumplan con la Constitución», declaró este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un entrevista en Televisión Española. «No sé si el PP se está haciendo una autoenmienda a su propia posición», enfatizó Montero.

El PP ha incluido el delito de deslealtad constitucional dentro de su enmienda de totalidad con texto alternativo a la proposición de ley de amnistía registrada por los socialistas. Dicha enmienda se debatirá este miércoles en el Pleno del Congreso -que se celebrará en el Senado al estar la Cámara baja en obras por la instalación de pantallas táctiles- y servirá al PP para poner en valor la importancia del Estado de Derecho y pedir su fortalecimiento «tras el proceso de desprotección en que se ha visto sumido por el mero interés y beneficio» de Pedro Sánchez y sus socios separatistas.