El Gobierno maneja un informe que pide facilitar la nacionalidad: «La prueba de integración puede ser difícil»

En vísperas del proceso de regularización masiva de inmigrantes, el Gobierno tiene sobre la mesa un informe, encargado el pasado año al Consejo Económico y Social (CES), en el que se destacan los «déficits en el acceso a la nacionalidad» como uno de los retos a futuro. El documento, con título La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas, ha sido esgrimido en las últimas semanas por la ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, para justificar la polémica regularización.

El informe se detiene, en uno de sus puntos, en el sistema español de acceso a la nacionalidad por residencia, apuntando que «sigue presentando algunas debilidades desde la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad de trato, así como de la necesaria transparencia y celeridad del procedimiento».

Así, se destaca que «junto a la exigencia de diez años efectivos de residencia como norma general (el estándar medio en la Unión Europea es de cinco años), se mantienen importantes diferencias por países o colectivos de procedencia», en la medida en que «la normativa beneficia especialmente a los países latinoamericanos, tanto por el inferior periodo de residencia exigido, como por ser de este origen la mayoría de los colectivos potencialmente beneficiarios de las leyes de Memoria Histórica y Democrática».

«Asimismo, la superación de las pruebas de idioma y de integración sociocultural exigidas desde 2015, que suponen costes económicos, trámites no gratuitos y requisitos extra, pueden resultar especialmente difíciles de afrontar para personas de origen extracomunitario que no son de habla hispana», consideran los analistas del Consejo Económico y Social de España (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral.

El Ejecutivo solicitó este informe el año pasado, con la petición de que estudiase las necesidades y previsiones en relación con el hecho migratorio, contribuyese a la realización de diagnósticos sobre esta realidad, y aportase propuestas de actuación.

En los últimos meses, coincidiendo con el anuncio de la regularización masiva de inmigrantes, La Moncloa ha destacado su aval a la medida, señalando el impacto económico y laboral de la gestión de la inmigración. «La regularización y la integración de las personas inmigrantes son esenciales no sólo en términos de justicia social, sino también para el dinamismo económico y el Estado de Bienestar», se alegaba en la nota del Ejecutivo, tras su presentación por parte de la ministra de Inclusión, hace unas semanas.

El informe apuesta por promover «vías excepcionales de acceso a la nacionalidad española para menores extranjeros que han permanecido bajo tutela del Estado español durante años, antes de que lleguen a la mayoría de edad; apátridas y otras situaciones de vulnerabilidad, apoyados en el interés superior del menor y el principio de no discriminación».

Igualmente, se detalla que si bien «España se ha incorporado con fuerza al grupo de principales países receptores de personas en busca de protección internacional, la proporción de concesiones es comparativamente baja y la espera, demasiado larga, aumentando la vulnerabilidad de los solicitantes», por lo que «es urgente mejorar el procedimiento y reforzar el sistema de acogida y protección internacional».

En este sentido, «cobra importancia la necesidad de seguir mejorando de manera estructural los procesos administrativos y los recursos de apoyo para garantizar la regularidad administrativa y la integración social de los colectivos vulnerables».

En España, los extranjeros que residan legalmente en el país pueden acceder a la nacionalidad en el plazo de diez años. Pero existen varios casos en los que este período de residencia se reduce: cinco años en el caso de las personas que hayan obtenido la condición de refugiado y sólo dos para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.