El PP alerta que la empresa pública que contrató a Jésica gestionará la regularización: «Va a ser un coladero»

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha alertado que Tragsa, la empresa pública que contrató a Jésica Rodríguez, ex pareja del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, gestionará la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular. «Va a ser un coladero», ha asegurado la dirigente popular.

La también diputada del PP ha asegurado que el Ejecutivo socialista debería «reforzar de manera estable las plantillas» en lugar de contratar a la empresa pública Tragsa y, por tanto, externalizar la gestión de este proceso regularizatorio.

«El Gobierno ha colapsado la Administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos suficientes para hacer frente a más de un millón de solicitudes que se prevé que pueda haber», ha espetado Gamarra. Y ha añadido: «Han generado un colapso y, a través del colapso, se va a provocar un coladero».

A ojos de Gamarra, entregar la gestión de la regularización a Tragsa «no es legal» porque la empresa pública «no tiene competencias para hacerlo». Y ha criticado que esta sea la «última improvisación que se ha sacado de la chistera». En su lugar, cree que este trabajo «debe caer sobre quienes tienen potestad pública, sobre funcionarios».

Además, asegura que esta externalización la están denunciando no sólo los partidos de la oposición sino «los propios funcionarios, los sindicatos, el Consejo de Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

«El Gobierno ha vuelto a demostrar que su única política se basa en la improvisación y la falta de escucha, y que su única respuesta es la victimización para intentar culpar a otros de su incompetencia», ha lamentado la dirigente popular.

Sueldo de 9.500,54 € para Jésica

Tragsa pagó 9.500,54 euros brutos a la que fuera pareja de Ábalos cuando este ocupaba la cartera de Transportes. Tal y como admitió la empresa pública vinculada al Ministerio de Agricultura, Jésica Rodríguez tuvo una «relación laboral» desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre con esta compañía.

Tragsatec remitió toda la documentación sobre esta materia al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional con relación al requerimiento que formuló el juez Ismael Moreno.

Raquel Yagüe, subdirectora de Organización y Administración de Recursos Humanos del Grupo Tragsa, firmó el certificado, fechado el pasado 10 de julio de 2025, que indica que Jésica cobró siete conceptos. Por un lado, durante los meses que estuvo en la empresa pública, recibió un salario base (6.138,48 euros); también un plus convenio (1.178,62 euros); otro complemento mejora convenio (195,15 euros); una paga extra junio (679,88 euros); otra liquidación paga diciembre (345,61 euros); una indemnización fin contrato (282,05 euros) y, por último, la liquidación de vacaciones (680,75 euros). El escrito señalaba que el «total abonos» fue de 9.500,54 euros.

Esta remuneración, precisa la empresa pública, se realizó conforme a las «tablas salariales de 2021 del personal de Tragsatec sujeto al Convenio colectivo nacional de empresa de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad».

Sin embargo, la propia Rodríguez admitió en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en febrero de 2025 que no llegó a realizar ningún trabajo ni en Tragsatec ni en Ineco. Todo ello a pesar de que percibió el sueldo durante el tiempo que estuvo contratada.