La Policía en alerta: recibe las últimas órdenes para detener a Puigdemont si hay independencia

La Policía está ‘en alerta’ por si, este martes, Carles Puigdemont declara la independencia en el Parlament. Según confirman fuentes policiales, los agentes se encuentran en previsión de que, llegado ese momento, se proceda ya a su detención inmediata.

Puigdemont mantiene en absoluto secreto su intervención ante el Pleno y son muchas las dudas sobre si, efectivamente, acabará proclamando la independencia o, en su lugar, optará por una declaración ‘en diferido’. Es decir, por abrir un proceso de mediación de instituciones internacionales que pueda acabar en una consulta pactada con el Estado.

Esta vía es la que se promueve desde amplios sectores del PDeCAT y ERC, donde se plantea la convocatoria electoral anticipada, y de tipo constituyente, como salida al bloqueo del ‘procés’. Una solución acelerada tras la fuga de empresas de Cataluña en los últimos días.

Las presiones sobre Puigdemont arrecian desde la CUP, donde no se admite un paso atrás. El diputado antisistema, Benet Salellas, señaló que «han ganado y hace falta aplicar los resultados» del referéndum ilegal, y eso, consideran,  debería implementarse con una declaración de independencia. Una advertencia que incluye rechazar cualquier tentación de «aplazamiento» de la proclamación a una negociación política.

La duda de si el dirigente independentista se atreverá a llevar su órdago hasta las últimas consecuencias es evidente también en el PP. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, advirtió este lunes de que «la historia no hay que repetirla», en alusión a la detención del presidente catalán, Lluis Companys. «Espero que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare puede acabar como el que lo declaró hace 83 años», recordó el dirigente ‘popular’.

La Fiscalía ya presentó una querella contra el gobierno catalán por desobediencia, prevaricación y malversación tras la convocatoria del referéndum. Este martes, Puigdemont podría incurrir además en desobediencia y sedición, un delito castigado con hasta 15 años de cárcel y que, según el Código Penal, se refiere a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes», o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

«No les va a salir gratis. Van a acabar muy mal», avisó Casado, que recordó que «las declaraciones de independencia previas no han acabado bien».

Dispositivo en previsión de disturbios

En paralelo, la Policía ha diseñado un dispositivo especial ante la posibilidad de altercados violentos, un escenario «muy probable», señalan fuentes policiales,  y más aún en el caso de que el presidente catalán no haga una declaración explícita.

En las últimas horas, la llamada de los antisistema a la agitación callejera ha sido constante. Desde Arran, la organización radical vinculada a la CUP, se advierte de que  «ahora más que nunca, la movilización popular» es «necesaria» y de que «la independencia no se hará en los despachos de la Generalitat». «La haremos el pueblo en la calle», alientan en un el llamamiento alentado por las redes sociales.

Varias organizaciones en defensa de la independencia ilegal han convocado para este lunes distintas reuniones para coordinar la respuesta callejera a la sesión en el Parlament. También la Asamblea Nacional Catalana ha hecho un llamamiento explícito a la ciudadanía a concentrarse este martes cerca del Parlament, una hora antes de que empiece el pleno, bajo el lema ‘¡Avancemos al lado de nuestras instituciones! Sí, hola república’.

Pese a la incertidumbre que plantea la declaración de Puigdemont, el Gobierno asegura que tiene todos los escenarios previstos y cuenta con una respuesta para cada uno de ellos siempre utilizando las posibilidades que da la Constitución y la normativa legal.

El Ejecutivo no ha querido desvelar sus planes concretos ante cada una de las opciones que se planteen, aunque el mecanismo más previsible es recurrir al artículo 155 de la Constitución, que le permitiría adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.