Podemos utiliza a Marlaska para conseguir información sobre seguridad nacional del ‘caso Kitchen’

El PSOE y el PP, ambos personados en el caso Tádem, han solicitado siete documentos al Gobierno, en su caso a la Policía que depende del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, para la comisión Kitchen. Uno de esos documentos es un informe que Podemos pidió al juez del caso Manuel García-Castellón y que éste se negó a entregar por los datos que aparecían en él, además de expurgar varias partes que podían aceptar a la seguridad nacional. Por tanto, Podemos y PSOE tratan de conseguir la copia íntegra a través de un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez para evitar al juez.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO explican que el «Oficio Policial Nº 717/2020, de 20 de abril», cuya información se solicita, responde a una petición de Podemos no atendida por el juzgado, ya que del informe que se reclama a Interior se expurgaron páginas con datos, como números de teléfono, que, por su naturaleza, están protegidos, y en relación con los cuales el magistrado se negó a que formaran parte del expediente, aunque si permitió que fueran consultados personalmente en la secretaría del Juzgado.

Como explicaba en exclusiva este periódico, desde el juzgado avisan de que la Policía Nacional estaría cometiendo un ilícito penal si, finalmente, decide enviar los documentos solicitados al Congreso, pues la única persona que legalmente puede dar el visto bueno es García-Castellón. Pero en el caso de este documento hay que sumar que se han expurgado varias páginas del mismo porque los datos que contenía afectaban a la seguridad del Estado.

Así, las fuentes judiciales consultadas explican: «Tanto PSOE, como Podemos, están utilizando al Ministerio del Interior para obtener una información que les ha sido negada por el instructor». Las fuentes también se preguntan los motivos por los que los partidos del Gobierno han solicitado informes, documentos, resoluciones y oficios a la policía y a la Fiscalía, pero no al magistrado que es el único que tiene la causa completa y que sabe qué puede entregarse y qué no.

Qué es el expurgo

En cuanto a qué es el expurgo, palabra clave en este tema, sería sacar de una causa judicial aquellos documentos que no afectan a la causa, que afectan a la intimidad del investigado o, como es en este caso, aquellos que tienen que ver con la seguridad nacional de Estado.

Documentos del expediente

En cuanto al resto de documentación solicitada, el primero de los documentos aparece varias veces en el expediente judicial, y en concreto en el informe de la Fiscalía Anticorrupción de 4 de septiembre de 2020. En el segundo se incluyen los presuntos indicios incriminatorios contra el ex comisario José Luis Olivera. El tercero es una conversación entre José Luis Olivera y el ex comisario José Manuel Villarejo en la que ambos hablan  sobre cómo podría afectar al Partido Popular el caso Gürtel.

El cuarto documento es un informe de 274 páginas redactado por la Unidad de Asuntos Internos después de que el Gobierno desclasificara toda la información relativa a Kitchen. El quinto se refiere a la compra de material informático que está siendo investigada por el Juzgado. El sexto es el anteriormente mencionado que incluye información sensible para la seguridad nacional y, por último, el séptimo, se refiere a cierta documentación en formato digital intervenida en el domicilio de Villarejo localizado como ‘Indicio BC9 y con la referencia HD_IOMEGA_SN55AJ38M549’ en el que se incluían carpetas y documentos referidas a O. Z., un supuesto testaferro de Bárcenas que declaró en el juzgado como testigo.

Todo esto sucede después de que la Mesa de la comisión Kitchen haya rechazado de plano el escrito de reconsideración a la Mesa  presentado por el Partido Popular. El escrito alegaba una vulneración del derecho constitucional al ejercicio parlamentario por, entre otros motivos, «que sólo se solicitará la información reclamada por el grupo parlamentario Socialista negando las peticiones del  resto de grupos parlamentarios, la mayoría de ellos sin presencia en la Mesa de la comisión, cuyas peticiones de documentación fueron rechazadas».

Y añadían, en cuanto la cuestión de si preguntar al magistrado instructor sobre la documentación para la comisión Kitchen, que «debemos insistir en que se ha hurtado al Grupo Parlamentario Popular la posibilidad de reclamar el expediente judicial y, en consecuencia, al titular del Juzgado Central de Instrucción número seis con sede en la Audiencia Nacional el decidir la procedencia o no de acceder a tal petición, vulnerando  el derecho constitucional a poder ejercer plenamente la función investigadora que es parte de la función parlamentaria que la Constitución atribuye a los miembros del legislativo».