PSOE y Podemos sortean al juez y piden a Marlaska información contra el PP para la ‘comisión Kitchen’

La Mesa de la ‘comisión Kitchen’ del Congreso de los Diputados, con mayoría del PSOE y Podemos, no quiere acudir al magistrado del caso Tándem, Manuel García-Castellón, para solicitar la información judicial que obra en el sumario. Por eso, en lugar de dirigirse al juzgado, ha pedido la información al Gobierno de España, en este caso al Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, y a la Fiscalía de la ex ministra Dolores Delgado. Los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no quieren que el juez les deniegue el uso de una información que utilizarán contra el Partido Popular.

El problema es que sería ilegal que la Policía Nacional enviara los oficios policiales y los informes que han solicitado si previamente el juez del caso no ha dado su beneplácito, pues es el único con autoridad para permitir que salga ningún papel del sumario. OKDIARIO se ha puesto en contacto con el juzgado que lleva el ‘operación Kitchen’ y ha preguntado si el Gobierno, el Ministerio del Interior o la Policía Nacional pueden atender la petición de la comisión.

«No pueden enviar ni un solo papel si el juez no lo autoriza. El magistrado es el único que puede decir qué papeles se pueden enviar al Congreso», aseveran. Preguntados por cuáles podrían ser las consecuencias, las fuentes recuerdan que, aunque no haya un secreto de sumario decretado, el mismo sigue teniendo «una reserva» que impide que sea «filtrado o entregado a nadie que no esté en la causa», tan sólo con la autorización de Manuel García-Castellón esos informes podrían llegar al Congreso. Eso sin contar, que el uso de esa documentación podría afectar a la presunción de inocencia de los investigados.

La evidencia de que desde el PSOE y Podemos quieren sortear al juez estriba en el hecho de que a él no se le ha pedido nada. El otro organismo oficial al que se le ha solicitado información es la Fiscalía General del Estado, con una ex ministra de Sánchez, Dolores Delgado, a la cabeza. Sin embargo, esta vía les ha salido rana, pues desde la FGE les han contestado que no les enviarán nada, sino que simplemente les dirán en qué pieza están cada una de las grabaciones, informes y documentos que han pedido.

Primeras comparecencias

Este miércoles se reúne la Mesa de la comisión para decidir cuándo comienzan las primeras comparecencias. Según han explicado fuentes de la comisión a OKDIARIO, normalmente se cita con 15 días, por lo que se prevé que los primeros comparecientes acudan la primera semana de marzo, donde el ex comisario Villarejo será la estrella. El otro punto clave que se decide hoy es quiénes serán los primeros. El PSOE y Podemos querían que fueran los policías imputados en Kitchen.

El problema para la oposición, es que la comisión comenzará sin que nadie tenga la información y documentación necesaria para hacer preguntas. Nadie, excepto los partidos del Gobierno que están personados en el caso y, por tanto, tienen el sumario. Un sumario que no deberían utilizar pues no están autorizados para ello.

Escrito del PP

Mientras todo esto se dilucida, el pasado día 12 de febrero, el Partido Popular entregó un escrito de reconsideración a la Mesa de la comisión. El escrito alegaba una vulneración del derecho constitucional al ejercicio parlamentario. La Mesa lo rechazó automáticamente.

Entre las vulneraciones que denunciaba el PP se encontraba el hecho de que, sería la mesa de la comisión y no el pleno de la misma quien decidiría qué documentación será solicitada a las distintas instancias gubernamentales y poderes públicos, acordándose en aquel instante, y a propuesta de la presidenta de la Comisión, «que sólo se solicitará la información reclamada por el grupo parlamentario Socialista negando las peticiones del  resto de grupos parlamentarios, la mayoría de ellos sin presencia en la Mesa de la comisión, cuyas peticiones de documentación fueron rechazadas».

El reglamento de la Cámara Baja que especifica que no existen reglas específicas sobre el deber de los órganos judiciales de facilitar los documentos que son parte de los expedientes judiciales ya que no existe una obligación por imperativo constitucional de atender tales peticiones, correspondiendo tal decisión al titular del órgano jurisdiccional.

A este respecto, tal y como publicó OKDIARIO en exclusiva, el PP ya solicitó que se preguntase a García-Castellón sobre si se podía utilizar parte del sumario, petición que rechazó la ‘comisión Kitchen’. Así, explican los ‘populares’ en su escrito que, «debemos insistir en que se ha hurtado al grupo parlamentario Popular la posibilidad de reclamar el expediente judicial y, en consecuencia, al titular del Juzgado Central de Instrucción número seis con sede en la Audiencia Nacional el decidir la procedencia o no de acceder a tal petición, vulnerando  el derecho constitucional a poder ejercer plenamente la función investigadora que es parte de la función parlamentaria que la Constitución atribuye a los miembros del legislativo».

Y añaden que: “Esta flagrante vulneración del derecho constitucional que ampara el ejercicio pleno de la función parlamentaria debiera haber sido advertida por los servicios jurídicos de la Cámara y desde luego por la presidenta de la comisión como garante de los derechos constitucionales que los usos, costumbres e informes de los servicios jurídicos de la Cámara le atribuyen”.