Podemos cambia su código ético para que los altos cargos puedan salir y volver a casa en coche oficial

Podemos retocará su código ético para admitir algunos comportamientos hasta ahora prohibidos, como que los altos cargos puedan recurrir al coche oficial en los desplazamientos a sus domicilios.

Así consta en la propuesta de Ione Belarra, candidata a la Secretaría General de Podemos y, previsiblemente, la próxima líder en sustitución de Pablo Iglesias. 

El documento elaborado por su equipo, Crecer, es prácticamente idéntico al actual código ético, pero con algunas matizaciones. Así, por ejemplo, en ambos se recoge la «obligación a renunciar, por parte de las personas titulares de altos cargos, a la asignación de un vehículo oficial de carácter permanente, excepto cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protección personal».

El documento de Belarra añade que «en cualquier otro caso, el uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para otros usos no vinculados a lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas».

Sin embargo, el código ético aún vigente -aprobado en la III Asamblea Ciudadana Estatal, en mayo pasado- recoge, expresamente, que «en ningún caso se utilizarán para desplazamientos al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados a lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas». Una observación, la de los «desplazamientos al domicilio propio o familiar» que ahora desaparece y que abre la puerta a realizarlos, si se consideran «imprescindibles» para el ejercicio de las funciones.

19 coches oficiales

En ambos casos, se avisa asimismo que «en lo posible» los altos cargos «darán ejemplo haciendo uso de medios de transporte colectivos u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente».

En octubre, el Gobierno reveló a través de una respuesta parlamentaria que los ministerios en manos de Podemos -Derechos Sociales, Trabajo, Igualdad, Consumo y Universidades- disponen de una ‘flota’ a su disposición de 19 coches oficiales, un 13,1% del total del Ejecutivo.

En concreto, el departamento entonces dirigido por Pablo Iglesias -y ahora encabezado por Belarra- tiene asignados 5 vehículos oficiales, los mismos que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. El resto de ministros de la coalición -Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades)- tienen a su cargo 3 coches por cada departamento.

Indemnizaciones

La anterior corrección del código ético no es la única. El nuevo documento incorpora otros matices de calado. Por ejemplo, como reveló OKDIARIO, se permitirá que los altos cargos cobren una indemnización al cesar en el puesto.

Una modificación que se produce tras la polémica con la ‘pensión de oro’ de Pablo Iglesias, quien cobrará 5.316,4 euros al mes durante un año, dos meses y 18 días, el tiempo que ejerció como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. La nueva propuesta obliga a los cargos a suscribir «la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantía de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo», como ahora, pero añade un matiz que no figuraba: «Siempre que estas percepciones no sustituyan el derecho a percibir la prestación por desempleo». Esto permitirá, por tanto, que ministros o secretarios de Estado cobrasen la indemnización que les corresponde por su cese, equivalente al 80% del sueldo, ya que el cargo no genera paro.

Por otro lado, también se permitirá que los cargos imputados no dimitan si el partido considera que existe un «contexto de acoso judicial» por parte de otros partidos políticos u otras plataformas.

Tras asegurar «el compromiso de renuncia al cargo en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos (…)», Ione Belarra avisa que «este precepto deberá aplicarse con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del Derecho». La misma observación se hace con la obligación de renunciar a los aforamientos.