Podemos se alía con Bildu en el País Vasco para debilitar a la Ertzaintza y evitar su modernización

La alianza de Podemos y Bildu en el País Vasco alcanza ya incluso a su deseo de someter a la Ertzaintza y de frenar medidas que pueden reforzar su actuación frente a los radicales. El Parlamento vasco acaba de impulsar la nueva Ley de Policía aplicable a la Policía autonómica.

El origen de la norma se remonta a 1992 y suma ya su quinta modificación. Pero Bildu ha intentado -sin éxito- bloquearla. Y Podemos se ha convertido en su fiel escudero. La reforma busca modernizar y mejorar las estructuras policiales, así como avanzar en sus mejoras retributivas a lo largo de la carrera. Y ese ha sido, precisamente, el punto de roce: que en el fondo, eso es lo contrario de lo que desean los proetarras. Y los podemitas.

La nueva norma ha sido ya avalada por la Diputación Permanente y unifica en un texto refundido todas las modificaciones, más algunas que avanzan en el sistema formativo y retributivo de los agentes. El documento ha sido aprobado con los votos de PNV, PSE y PP. Y con el rechazo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, los mismos partidos que votaron en contra hace un año.

Fuentes de la Ertzaintza destacan a OKDIARIO que el «verdadero motivo del rechazo de Bildu y Podemos no es ningún punto concreto de la norma. Se trata, simplemente, del rechazo que tienen ambas formaciones a la mejora de las condiciones de la Ertzaintza». Porque, en el fondo, no comparten, ni uno ni otro, los deseos de que los agentes estén más protegidos: frente a los radicales, y frente al propio poder político.

Desde Bildu no han dudado en afirmar que esta norma nace como «una oportunidad perdida para cambiar de raíz el modelo de seguridad». Los proetarras afirman que el único motivo para modificar la ley fue «conceder los complementos retributivos que van unidos a la carrera profesional». Según Bildu, estas mejoras supondrán un coste de «22 millones de euros en los próximos cuatro años». Y con ese mismo argumento es con el que han votado en contra.

Podemos ha sido más discreto en sus argumentaciones ante la evidencia de que sus razones pueden provocar reacción en contra en otros territorios españoles. Y es que el motivo de fondo al rechazo a la norma es su oposición a la mejora de las condiciones de la policía. Sea la que sea y de donde sea.

No se trata de la primera vez que ambas formaciones dejan constancia de su radicalidad. La reforma de la Ley aprobada hace un año por el Parlamento vasco destinada a investigar los supuestos abusos cometidos por la Policía entre 1978 y 1999, salió adelante fruto de un acuerdo alcanzado por los Gobiernos central y vasco. Es decir, con la venia del PSOE en ambos casos (el Gobierno vasco del PNV cuenta con el apoyo del PSOE-PSE).

A través de ese acuerdo, el PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la Ley original, al entender que invadía competencias de los Tribunales de Justicia.

Los cambios consensuados entre el Gobierno Vasco (PNV-PSE) y el Ejecutivo socialista incidían, precisamente, en cuestiones que pretendían dejar claro que el objetivo y el ámbito de esa ley era la reparación de las víctimas de esas supuestas torturas desde una perspectiva meramente «asistencial», sin entrar en ningún caso a ejercer el papel que corresponde a la Justicia. Los cambios se motivaron a raíz de la polémica generada precisamente por el deseo de PNV de sacar adelante una norma castigadora de los policías.

«Blanquear» el terrorismo de ETA

Pese a esas modificaciones, los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, así como varias organizaciones de víctimas del terrorismo mostraron su crítica más profunda, al considerar que sus contenidos contribuían a «blanquear» el terrorismo de ETA.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio destacó en su momento que esa ley suponía «un paso más en el desprestigio de la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que les pone bajo sospecha en un proceso en el que no podrán defenderse ni personal ni colectivamente», y subrayó que se trataba de «un intento de contextualizar el terrorismo de ETA, precisamente contra un colectivo que tuvo un papel clave en la lucha contra el fanatismo y que lo sufrió de una manera muy directa».

Pese a ello, EH Bildu y Elkarrekin Podemos se negaron a respaldar la ley, asegurando que en sus peticiones habían elevado el listón de la exigencia «hasta donde saben que es inviable». Ambas formaciones acusaron al PP de negar la existencia de estas víctimas tratando de «impedir su reconocimiento y reparación».