El PNV exige a Sánchez un «sistema de garantías» que aparte al Constitucional del camino a la «nación vasca»
Propone desactivar a los tribunales en los litigios del País Vasco con el Estado
"Cuando ha habido conflicto siempre ha mandado el Estado", alega el partido de Sabino Arana
Lejos de aplacar al independentismo, los indultos a los golpistas del 1-O han reactivado las exigencias de los partidos que, tanto en Cataluña como en el País Vasco, abanderan la ruptura de España. El PNV, cuyos 6 diputados en el Congreso son indispensables para la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez, entiende que el perdón a Oriol Junqueras y el resto de los presos condenados son «un buen y necesario punto de partida», pero que la «legítima» meta final de la independencia se alcanzará mediante una «gradualización» que pasa por desactivar al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. «Necesitamos un sistema de garantías para que los conflictos se resuelvan a través del diálogo», explican desde el partido fundado por Sabino Arana.
Sánchez dio por acabado el tiempo de la Justicia en su discurso del Liceo de Barcelona y ofreció «diálogo», aderezado con espíritu de «concordia», para resolver el conflicto creado en Cataluña por un separatismo que en 2017 se saltó la ley para imponer sus postulados rupturistas. El PNV ha visto en las palabras de Sánchez la puerta abierta para exigir que las reivindicaciones de los independentistas no vuelvan a ser sometidas por el Gobierno al control de los jueces. «Cuando ha habido conflicto siempre ha mandado el Estado y la respuesta mediante la judicialización ha sido mala, por lo que necesitamos garantías de que, en caso de conflicto, se resuelva a través del diálogo y el respeto», afirmó Ortuzar esta semana en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.
El PNV presentó a finales de 2019 una propuesta para retirar de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) el recurso previo de inconstitucionalidad que recuperó el Gobierno de Rajoy en 2015 para impedir situaciones como la creada con el Estatut catalán, que fue enmendado después de haber sido aprobado en referéndum. El objetivo de la formación vasca, que tiene previsto reactivar tras el verano la ponencia que debe desembocar en un nuevo Estatuto que consagre la «nación vasca», es impedir que el Constitucional pueda actuar contra cualquier proyecto de estatuto de autonomía o cualquier reforma antes de su aprobación en referéndum.
Cambiar leyes
«Nosotros sabemos qué es posible y qué no con las leyes actuales, con la Constitución y con el Estatuto, y se puede hacer mucho, pero algunas cosas no, porque son ilegales. Nuestra posición se basa en hacer ahora lo que podemos y, en un segundo paso, cómo lograr lo que ahora no es posible modificando las leyes», ha explicado Ortuzar.
El dirigente jeltzale comparte con el separatismo catalán el objetivo de la independencia, pero cree que es más factible alcanzarla mediante una «gradualización» de las metas que se deben superar antes por el camino. En ese trayecto, la desactivación del Supremo y el Constitucional por un «sistema de garantías» que el PNV no concreta es un pilar fundamental para avanzar en las otras dos: el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como nación y la bilateralidad en las relaciones con el Estado.
Los indultos han permitido que Sánchez tenga dos años más para poner en marcha la «mesa de diálogo» que resuelva las aspiraciones de los nacionalistas catalanes y vascos», recuerda el PNV.
Pacto con el PSOE
Para apoyar la investidura de Sánchez, el PNV arrancó al PSOE un documento en el que los socialistas se comprometían, literalmente, a «impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia».
El posterior nombramiento de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial fue celebrado por el PNV: «Tiene una postura histórica, profunda y conocida en favor del autogobierno. Es un tipo abierto y va a entender bien nuestras reivindicaciones y, en cierta medida, compartirlas», afirmó el primer vicelehendakari, Josu Erkoreka.