Gobierno y PNV se ponen de acuerdo en retirar policías y guardias civiles del País Vasco

El Gobierno de Pedro Sánchez y el del lehendakari Íñigo Urkullu están de acuerdo en la necesidad de reducir los efectivos de Policía y Guardia Civil en el País Vasco para ajustarlos a las necesidades «reales» en el ámbito de sus competencias. En la actualidad, unos 2.300 guardias civiles y 1.300 policías prestan sus servicios en esta comunidad autónoma, por unos 8.000 ertzainas, un ratio superior a otras regiones españolas con policía autonómica propia.

Las competencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) están limitadas: se encargan, en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la vigilancia de aeropuertos, costas, puertos, fronteras, aduanas y escolta de autoridades del Estado y extranjeras. Expiden DNI, pasaportes y  asumen las políticas de extranjería, además de la investigación en terrorismo o narcotráfico.

La histórica reivindicación del nacionalismo vasco ha cobrado fuerza en las últimas semanas, y sobre todo en el nuevo contexto surgido tras la disolución de la banda terrorista ETA y la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Desde el PNV, el recorte de los efectivos a términos absolutamente «residuales» se entiende como una obligación de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Guernica y de los acuerdos de 1989, que concluyen que la presencia de las FSE debe ajustarse a las competencias que les corresponden, en tanto se defiende a la Ertzaintza como «policía integral» en el País Vasco.

El Estatuto de Guernica determina que la seguridad ciudadana es competencia de la Ertzaintza, aunque reserva a las FSE la capacidad de intervenir «en el mantenimiento del orden público» por iniciativa propia cuando «estimen que el interés general del Estado está gravemente comprometido». La reclamación encuentra además acomodo en el acuerdo de 13 de marzo de 1989 sobre Delimitación de Servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca.

El PSE suscribe la reclamación

La reclamación encuentra calado entre los socialistas. Al acuerdo entre Sánchez y Urkullu para avanzar en el desarrollo efectivo del Estatuto de Guernica se unen gestos más prácticos.

En febrero pasado, el PSE —de la ‘pedrista’ Idoia Mendia— se unió a una petición del PNV en el Parlamento vasco para reclamar, en el plazo de un año, el ajuste de los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional de acuerdo a «las necesidades reales de seguridad» según su «estricto ámbito competencial». El voto supuso un giro total en la postura que hasta entonces había mantenido el partido ahora en el Gobierno y que en anteriores ocasiones-como 2013-se había declarado en contra de iniciativas similares.

La petición, en concreto, se suscribía como enmienda a una moción de EH Bildu en la que se reclamaba la «retirada total» de estos efectivos, junto con el Ejército español. Los socios de gobierno vasco subrayaron que la medida iba «conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Guernica y en el ordenamiento jurídico vigente» y reclamaron al Departamento de Seguridad «trabajar en el seno de la Junta de Seguridad de cara a fijar los criterios de repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi».

Los nacionalistas no cesaron tampoco en sus ataques al anterior Gobierno por su resistencia no solo a retirar efectivos, sino por la intención de ampliarlos.

Hace unos meses, recibieron con críticas el anuncio del entonces delegado del Gobierno, Javier de Andrés, de ampliar el número de agentes destinados al País Vasco. «El Gobierno español no quiere atender esta nueva realidad y se niega a cumplir los mandatos del Estatuto. El Gobierno español sigue siendo un gobierno insumiso», denunció el parlamentario del PNV, Íñigo Iturrate.

Una nueva asociación por el repliegue

Las presiones llegan también desde el colectivo de la Policía vasca donde, en las últimas semanas, se ha formalizado una corriente que impulsa la reivindicación de una policía ‘integral’, Ertzain Abertzaleen Elkartea. 

La asociación, apoyada de manera informal desde sectores del PNV, insta a recuperar las «señas de identidad» en el cuerpo policial vasco. «Reconocemos Euskadi como nuestra Patria», rezan entre sus principios, en los que defienden también el fomento del uso del euskera y el «orgullo de la cultura y de las señas de identidad del Pueblo Vasco».

Sus principales impulsores, Teodoro Zuloaga e Iris Patxo, firmaron, con otros agentes, una carta de apoyo a los Mossos en los momentos más críticos del desafío independentista catalán, en la que mostraban su «solidaridad» y «reconocimiento» y opinaban que «la defensa y la garantía de la paz, la seguridad y la libertad del pueblo catalán están en buenas manos». «Especial apoyo y agradecimiento para el major, Josep Lluís Trapero, que con su ejemplar actuación de acuerdo al principio de jerarquía y subordinación a la autoridad, tan injustamente está siendo tratado por algunos sectores de la sociedad catalana y española», suscribían.

Desde otros sindicatos, como ERNE —mayoritario entre la Ertzaintza— se asegura que «las competencias de los cuerpos policiales están perfectamente delimitadas» en el País Vasco y no se ve necesaria una adecuación en tanto «no existan duplicidades». «Es, sobre todo, una cuestión política que corresponde valorar al Gobierno de España de acuerdo a sus necesidades en otras regiones», concluyen fuentes del sindicato.