Sánchez habrá gobernado en mayo de 2021 más tiempo en alarma y en funciones que de ordinario

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llegará al 9 de mayo de 2021, fecha de expiración del actual estado de alarma de seis meses, habiendo gobernado más tiempo bajo dicha excepcionalidad y estando en funciones que de ordinario. Un hecho revelador de la manera de ostentar la Presidencia del Gobierno por parte del secretario general del PSOE, cuya deriva recuerda a las prácticas autoritarias de los regímenes bolivarianos.

Cuando se alcance ese día de la primavera del próximo año, el líder socialista habrá permanecido 35 meses en el poder desde que tomara posesión por primera vez el 2 de junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, la única que ha prosperado de las cinco celebradas en la democracia. Sin embargo, en este periodo Sánchez registrará 18 meses y medio con las Cortes Generales privadas de plenas facultades y con restricción de derechos fundamentales. Son dos meses más que los 16 meses y medio en que los dos gobiernos de Sánchez ejercieron (el monocolor y el de coalición de Podemos) su mandato sin cortapisas a la función de las Cámaras y sin limitar libertades a la ciudadanía.

Ese medio millar de días de alteración de la actividad parlamentaria comprende los más de 8 meses en que el Gobierno de Pedro Sánchez estuvo en funciones entre las generales de abril de 2019 y la segunda toma de posesión el 8 de enero de 2020; los 99 días del primer estado de alarma, los 15 días del impuesto a la Comunidad de Madrid y los casi seis meses y medio que durará esta segunda alarma de carácter nacional (con toque de queda incluido) frente al coronavirus. Sólo las tres alarmas suman ya 310 días.

Durante los más de 250 días en que el Ejecutivo socialista de Sánchez estuvo en funciones, es cierto que sí se sometió al control parlamentario pero en esta situación no tuvo potestad para aprobar ningún Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni para presentar a las Cámaras proyectos de ley. Se da la circunstancia de que la Ley de Gobierno impone el suspenso de las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales durante todo el tiempo en que el Ejecutivo esté en funciones.

En cuanto a los dos estados de alarma de alcance estatal, la fuerza de la vigilancia parlamentaria, esencia de las sociedades democráticas, también se ha visto resentida. En el primero fue noticia cómo la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, amparándose en la Mesa de la Cámara, donde PSOE y Podemos tienen mayoría, llegó a amordazar a la oposición con la paralización de iniciativas parlamentarias, no sólo las legislativas, sino también las de control al Gobierno, presentadas con anterioridad al 19 de marzo (la alarma fue decretada el 14 de marzo).

Las órdenes de Marlaska

También se vieron desorbitados despliegues policiales para amedrentar a manifestantes críticos con la gestión del Gobierno socialcomunista en la pandemia, como ocurrió en Nuñez de Balboa. De igual modo, la alarma que Sánchez decretó en Madrid, precisamente cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había logrado revertir la tendencia con un plan por zonas sanitarias, dejó escenas propias de narcodictaduras, con la Policía a las órdenes del ministro Fernando Grande-Marlaska registrando maleteros e impidiendo la circulación horas antes de que el decreto fuera publicado en el BOE.

Y el golpe definitivo al control parlamentario y a la Constitución se produjo el pasado jueves con la resolución pactada por PSOE y ERC para prorrogar el actual estado de la alarma hasta el 9 de mayo (más de seis meses) con una única salvedad. Pedro Sánchez acordó con sus socios de la mayoría Frankenstein que la Conferencia de Presidentes revise su vigencia el 9 de marzo y eleve al Gobierno una propuesta de continuar o no otros dos meses tras escuchar los criterios epidemiológicos expuestos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano gubernamental donde participan las comunidades autónomas.

Una maniobra que muchos juristas consideran inconstitucional en tanto hurta al Congreso su potestad para levantar la alarma, que es decretada por el Gobierno por un plazo inicial de 15 días y que sin la autorización de la Cámara baja «no podrá ser prorrogado dicho plazo», según reza el artículo 116 de la Carta Magna.

Recurso al Constitucional

Por ello, el grupo parlamentario de Vox votó en contra de la prórroga de este decreto y acudirá al Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión cautelar de su vigencia. Por su parte, el PP se abstuvo en la autorización de dicha prórroga para que las comunidades donde gobierna puedan tener el mecanismo jurídico de la alarma y evitar así que los tribunales superiores de Justicia tumben sus confinamientos perimetrales. No obstante, los populares quieren denunciar lo ocurrido ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Además, el PP sostiene que el Gobierno no puede delegar la autoridad en las comunidades cuando hay más de una región bajo esta emergencia. El mando corresponde en este caso al presidente y al ministro de Sanidad, Salvador Illa.