Sánchez exhumará a Franco tras la sentencia del 1-O para hacer de cortina de humo de la violencia en Cataluña

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está dispuesto a utilizar la exhumación de Franco con fines políticos hasta el final. El traslado de los restos mortales del dictador se producirá una vez publicada la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe separatista del 1 de octubre de 2017. De este modo, en caso de que tras hacerse pública la sentencia se produzcan disturbios y ataques en Cataluña, el Gobierno podrá distraer a los medios de comunicación con la exhumación, de forma que el panorama informativo minimice el descontrol en Cataluña.

El Gobierno cuenta con la publicación de la sentencia del 1-O el próximo lunes 14 de octubre. Y la decisión sobre la fecha de exhumación de Franco será, en cualquier caso, siempre después de la publicación de esa resolución judicial. De esta manera, Sánchez contará con un comodín mediático con el que paliar los efectos en las calles catalanas y para distraer a los televidentes con los planos del féretro del dictador, en el Valle de los Caídos y en el cementerio de El Pardo.

Desde el Gobierno no niegan su temor ante la reacción que pueden tener los colectivos radicales separatistas en Cataluña en el momento en el que se conozcan las condenas a los golpistas. De hecho, desde el Ministerio del Interior se ha dado orden ya de enviar unidades de intervención policial (UIP) de la Policía Nacional con destino a Cataluña con el objetivo de poder controlar los brotes de violencia.

Es más, ni tan siquiera se descarta la posible utilización del artículo 155 de la Constitución como mecanismo de control de los ataques en caso de que se conserve una participación activa del Ejecutivo regional de Quim Torra o una omisión de esta misma comunidad autónoma en las labores de control o preventivas.

Mala imagen para el Gobierno

Pero, por mucha actuación policial que se planifique, la realidad será que la fotografía en los medios de comunicación de lo que ocurra en Cataluña será una imagen negativa para el Gobierno. El partido de Sánchez mantiene en estos momentos alianzas en 47 municipios con partidos golpistas: 27 con PDeCAT -el partido de Carles Puigdemont-; 17 con ERC -la formación de Oriol Junqueras-; y otros tres ayuntamientos más con ambos partidos separatistas. Además, el PSOE ha regalado la Diputación de Barcelona a PDeCAT.

Con todo ese entramado de alianzas separatistas será muy difícil que los votantes no entiendan que los brotes de violencia han sido preparados aprovechando la permisividad del PSOE. En esa tesitura, los socialistas necesitan un comodín con el que tapar la visibilidad mediática de esos posibles ataques y disturbios en las calles catalanas. Y ese comodín no es otro que, de nuevo, Franco.

La decisión adoptada por Pedro Sánchez se basa en esperar a realizar la exhumación del dictador hasta que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe separatista del 1-O sea conocida, tenga efecto y se pueda observar su repercusión en los colectivos radicales separatistas. De este modo, Pedro Sánchez consigue, además, retrasar la exhumación hasta el periodo más cercano posible al inicio de la campaña electoral del 10-N.

En cualquier caso, la exhumación de Franco no se realizará en plena campaña electoral. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez consideran que entrar en la recta final electoral supondría un acto excesivamente obsceno de utilización de la exhumación con fines políticos. Pero, lo que no descartan sino que admiten directamente es que se realizará en la segunda quincena de octubre y siempre pasado ese momento de la publicación de la sentencia del Supremo sobre el 1-O.