Casado llevará el miércoles a Moncloa su ‘plan B’ contra la dejación de funciones de Sánchez en la pandemia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo miércoles con el líder del PP, Pablo Casado, en La Moncloa. La última vez que ambos se citaron de forma presencial fue el pasado 18 de febrero. Es decir, hace 190 días que el presidente socialista no llama al principal partido de la oposición.

Fuentes del PP explican que Casado «acudirá a la reunión como siempre ha hecho, cuando Sánchez le ha llamado» porque, añaden, «el PP es un partido responsable, con sentido de estado y comprometido con el futuro de los españoles, que ejerce una oposición constructiva y leal, y así se ha demostrado proponiendo al Ejecutivo ‘un plan B’ alternativo en el ámbito jurídico, económico, social y también educativo».

Precisamente, ese ‘plan B’ será el elemento central de las reivindicaciones del dirigente ‘popular’ frente a la dejación de funciones de Pedro Sánchez para responder a la pandemia del coronavirus.

«Ausencia de liderazgo»

Casado ya se mostró este martes muy crítico, después de que Sánchez descargase en las comunidades autónomas la responsabilidad de solicitar al Gobierno central el estado de alarma ante el auge de los rebrotes.

En una rueda de prensa en el Congreso, el presidente del PP consideró que Sánchez «se escabulle en las comunidades autónomas» al ofrecerles un estado de alarma individualizado. Además, acusó a Sánchez de «dejación de funciones» y de «parapetarse» en un «conflicto competencial». «España no tiene a nadie al timón. Hay ausencia total de liderazgo», espetó el líder de la oposición.

El PP considera que la legislación sanitaria ya permite aplicar el mando único y que una posible limitación de la movilidad estaría amparada por la ley. En caso de que esto no resultase suficiente, antes de aplicar un nuevo estado de alarma, los ‘populares’ ven posible tramitar por la vía de urgencia, en apenas 15 días, una reforma legislativa.

Sánchez, criticado por su inacción durante todo un mes en el que los casos se han ido disparando, ha derivado de nuevo en las comunidades autónomas la responsabilidad de gestionar la pandemia, cuya evolución considera ahora «preocupante».

El socialista, no obstante, rebate la idea del PP de afrontar la crisis con una reforma legal. «Los instrumentos con los que contamos son suficientes para hacer frente a la pandemia», consideró este lunes, desde La Moncloa. Su propuesta conlleva que cada comunidad podrá solicitar la declaración del estado de alarma en su territorio, de forma que la autoridad competente recaería en el presidente autonómico en cuestión, que ejercería como «mando único».

El plan del PP

Los ‘populares’ basan su estrategia en que el Gobierno puede tomar el mando sanitario único y establecer limitaciones de movilidad con tres leyes ya existentes.

Además, plantean que si el Ejecutivo considera que el marco legal no es suficiente se reforme la Ley de Salud Pública, que ya habilita al Gobierno «a tomar las medidas que sean necesarias», para «el control de enfermos, de las personas que hayan estado o estén en contacto con los mismos, aislando y localizando a sus contactos» y para «limitar las entradas y salidas de zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar los movimientos».

Además, proponen una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales. Así, las resoluciones de las comunidades autómomas o del Gobierno que limiten los derechos serían autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia y el Supremo.

Rechazo de los presidentes

Dirigentes del PP, y también del PSOE, han criticado la medida propuesta para abordar la segunda ola de la pandemia.

De hecho, alguno ha ido más allá, singularmente el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán, que ha reclamado más apoyo en la «cogobernanza» entre el Ejecutivo central y el autonómico.

Según Lambán, la declaración del estado de alarma y el confinamiento es una «solución fácil» para atajar la transmisión del virus, «pero luego rebrota y entretanto se ha asfixiado la economía y el empleo».

El dirigente autonómico ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez «cobertura legal» para aplicar medidas «proporcionadas y razonables» para no estar «al albur» de las decisiones de los jueces contra las medidas establecidas.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que «no se puede pasar del estado de alarma a la nada, a la ausencia, como ha ocurrido durante este verano, y de la nada y la ausencia otra vez al estado de alarma». No obstante, ha afirmado que solicitará «todo aquello que haga falta si sirve para proteger la salud de los ciudadanos».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido al jefe del Ejecutivo de que la solución «no es ofrecer» a las comunidades autónomas el estado de alarma para su territorio y le acusa de «echarse de nuevo a un lado». «Llevamos meses pidiendo una herramienta sin tener que recurrir al estado de alarma», ha explicado.

En el caso de Baleares, la portavoz del Govern, Pilar Costa, ha explicado que ya cuentan con las herramientas necesarias para aplicar las medidas de control que se van decidiendo a través de las diferentes resoluciones de la Conselleria de Salud, aunque no se ha referido a la posibilidad, presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de solicitar la declaración del estado de alarma.

Más contundente ha sido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha descartado el ofrecimiento de solicitar el estado de alarma y ha declarado que «espera» no hacerlo «nunca» porque «la economía no debe pararse» y el Sistema Cántabro de Salud está «perfectamente preparado» para afrontar un incremento de casos. «Aquí no vamos a decretar ningún estado de alarma», ha zanjado.