Once de los 16 negociadores sobre Cataluña son partidarios de un referéndum pactado o unilateral

La negociación formal entre el Gobierno socialcomunista y la Generalitat independentista arrancará este miércoles, cuando las delegaciones se reúnan en La Moncloa. Y el referéndum para Cataluña estará sobre la mesa. A los ocho representantes independentistas se unen también como claros defensores del referéndum, por la vía pactada, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y el ministro de Universidades, Manuel Castells. El de Sanidad, Salvador Illa, no se ha manifestado abiertamente a favor, pero procede del PSC -fue secretario de Organización- donde Miquel Iceta ha apostado en varias ocasiones por esta vía para la cuestión catalana.

La delegación del Ejecutivo estará encabezada por su presidente, Pedro Sánchez, a quien acompañarán los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias; el ministro de Universidades, Manuel Castells; la titular de Política Territorial, Carolina Darias; de Sanidad, Salvador Illa (PSC); de Hacienda, María Jesús Montero y de Transportes, José Luis Ábalos.

La delegación catalana la componen el presidente inhabilitado Quim Torra; el vicepresidente Pere Aragonès; el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; el de Acción Exterior, Alfred Bosch; la diputada de JxCat, Elsa Artadi; la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta; el diputado de ERC e imputado por el referéndum ilegal, Josep Maria Jové, y el exjefe de gabinete de Torra y Carles Puigdemont, Josep Rius.

El «diálogo» -término empleado con insistencia por Sánchez- se enfila con posiciones claramente desiguales en lo que se refiere a la protección de la unidad nacional. Once de los 16 negociadores que se sentarán este miércoles a la mesa Gobierno-Generalitat defienden soluciones basadas en un referéndum, bien sea pactado con el Estado o unilateral.

La fórmula más extrema está representada por el mismo Puigdemont, mientras que en ERC buscan intentar un acuerdo con el Ejecutivo pero sin renunciar a la vía en solitario.

En la ponencia aprobada en su congreso de diciembre, los republicanos -cuya abstención fue clave para la supervivencia de Sánchez en La Moncloa- confirmaron su apuesta por el referéndum como «el mejor instrumento» para la ‘autodeterminación’, en tres escenarios: el primero y prioritario, sería lograr una «vía pactada y negociada con el Estado»; si esto no es posible, se apostaría por presionar al Gobierno para que «no tenga otra alternativa que avenirse a pactar una solución democrática». Y, en último caso, se reiteraría el «volverlo a hacer» -en referencia al referéndum ilegal-es decir, la vía unilateral.

La convocatoria electoral en Cataluña complica además las posiciones de ERC, frente a la competencia de Junts per Catalunya y les empujaría a tesis más abruptas. 

Pero la más compleja amalgama de posturas viene del Gobierno. La incorporación de Pablo Iglesias o Manuel Castells tiene como finalidad, según fuentes de La Moncloa, ayudar a tender puentes con los separatistas, por la cercanía que desde Podemos se ha evidenciado con sus líderes (el propio Iglesias visitó en prisión a varios encarcelados del ‘procés’).

Iglesias, Castells y PSC

Tanto Iglesias como Castells defienden el llamado «derecho a decidir» en Cataluña y apuestan por un referéndum pactado. Aunque la vehemencia con la que el líder de Podemos ha insistido en esta vía ha variado en función de sus relaciones con el PSOE, el partido sí la incluyó en sus propuestas electorales e Iglesias se ha manifestado a su favor en numerosas ocasiones.

En su programa para el 10-N, sin ir más lejos, Podemos reiteraba que: «La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España».

Aunque Iglesias ha asegurado «lealtad» a Sánchez en las cuestiones sobre Cataluña, lo cierto es que desde Podemos, su líder en el Congreso, Jaume Asens, ha puesto negro sobre blanco en varias ocasiones la postura del partido: «Espero y creo que habrá un referéndum sobre la independencia esta década», expresó recientemente en una entrevista en El Periódico. Consideró también, en otras ocasiones, que el referéndum tendría que ser una prioridad de la negociación.

Por su parte, el ministro de Universidades, Manuel Castells, nunca ha ocultado su sintonía con el separatismo. Muy crítico con la Justicia española y defensor a ultranza del referéndum, llegó a justificar la violencia tras la sentencia del ‘procés’, arremetió contra la «represión» por parte del Gobierno español y ha defendido a los «presos políticos».

En los últimos días, sin embargo, ha asegurado que defenderá «la posición del Gobierno español» -en referencia al referéndum de autodeterminación- si bien admitió que tendrán que «consensuar» con la otra parte.

La representación del PSC corre a cargo de Salvador Illa, ministro de Sanidad. Nunca se ha pronunciado a favor del referéndum, pero su formación, el PSC, sí.

Miquel Iceta, su primer secretario, lo hizo en varias ocasiones, como cuando afirmó que «si una mayoría muy amplia del 65 por ciento de los ciudadanos (de Cataluña) quiere la independencia, la democracia tendrá que encontrar o habilitar mecanismos para abordar eso». Cabe recordar que la última ponencia aprobada por los socialistas catalanes recoge que Cataluña es una «nación». 

Iceta ha plasmado algunas tesis próximas a las reclamaciones del separatismo, como el indulto a los presos (aunque tras la reacción de la dirección del PSOE intentó recular) y también el referéndum. El líder del PSOE catalán consideró, por ejemplo, que «los referéndum sobre la independencia se tienen que poder hacer» -lo dijo en relación a Québec o Escocia- con «una pregunta clara» y un «quorum determinado».

En 2016 se presentó al congreso del PSC con la propuesta de un referéndum ‘a la canadiense’ en el caso de que fracasase la reforma de la Constitución que los socialistas defienden para el encaje catalán. Illa fue nombrado por Iceta secretario de Organización tras dicho congreso.

Sánchez acepta la «consulta»

El referéndum estará sobre la mesa. Así lo consintió ya Sánchez cuando rubricó el acuerdo con ERC para su investidura.

En el texto, se apostaba por una negociación bilateral Gobierno-Generalitat y por un «diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas». Es decir, sin líneas rojas.

«Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña», dice el pacto. «Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta».

En el documento, el PSOE reconocía la existencia de un «conflicto» político que habría de resolverse por «cauces democráticos». Además, los acuerdos que se alcancen en la mesa se someterán a ‘consulta’, sólo entre los catalanes. En el pacto no se citaba en ningún momento el límite de la Constitución, que se sustituía por el ambiguo «marco del sistema jurídico-político».