Montero dice que Iglesias “ha mostrado sus aspiraciones” al cuestionar la democracia en España

Las palabras pronunciadas por el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado domingo, apoyando las tesis rusas sobre los presos separatistas y afirmando que en España no había normalidad democrática, continúan acarreando polémica. Tras la petición de dimisión de parte de la oposición, y la desautorización de varios miembros del Gobierno, este martes la portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que con sus declaraciones Iglesias “ha mostrado sus preferencias y aspiraciones”.

La ministra de Hacienda, cansada de tener que dar la cara por el número tres del Ejecutivo, ha espetado que «la mesa del Consejo de Ministros no es la traductora oficial de los ministros». María Jesús Montero ha defendido l separación de los tres poderes del Estado al recordar, en contra de lo que defiende Pablo Iglesias, que vivimos en «una democracia plena y consolidada».

La dirigente socialista ha situado las palabras del vicepresidente, como había hecho anteriormente a cuenta de la apropiación de la reforma de los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, en el ámbito de la campaña electoral. Pese a la desautorización a su compañero, Montero, ha afirmado que «no hay ningún tipo de polémica respecto a esa cuestión» que, además, «no ha sido tratada en el marco del Consejo de Ministros».

Prisas para reformar el código penal

El Gobierno asegura que hay voluntad de «imprimir velocidad» en la reforma del código penal que promueve el Ministerio de Justicia. En concreto esta modificación, que supervisa Juan Carlos Campo, se centrará en dos cuestiones ciertamente polémicas pero de gran importancia política para los intereses de los dos partidos que apoyan al Ejecutivo.

Por un lado, la propuesta que hará el ministro, promueve la modificación de los delitos de sedición y rebelión, para beneficiar a los golpistas catalanes condenados por el 1-O. Con dicha reforma la gran mayoría de ellos podrían abandonar la prisión o volver del exterior con unas penas mucho más bajas que las actuales. El otro tema espinoso es la despenalización de los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo por parte de artistas en conciertos o manifestaciones culturales, reclamado por sectores cercanos a la izquierda.

Este lunes por la noche, por sorpresa, presidencia del Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia trabajaba ya en una modificación legal que despenalizase estos dos hechos. Lo hizo horas antes de que uno de los socios de la coalición, Unidas Podemos, registrase este martes en el Congreso una propuesta para reformar precisamente los delitos que han llevado a prisión a varios artistas. Minutos después el departamento de Campo tuvo que matizar y detallar el breve comunicado, a través de una aplicación de mensajería rápida, que había lanzado Moncloa.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha manifestado tras la celebración del Consejo de Ministros que la voluntad es que ambas reformas se incluyan en la modificación global del código penal. Sin embargo, si el Ministerio de Justicia considera que «hay alguna necesidad de extraer esas partes y acometer las reformas de forma expresa, así se haría». Su opinión, por eso, es que por «sentido común» se haga todo a la vez, a excepción de que se requiera «por una cuestión de urgencia».

La voluntad de Moncloa con la modificación de los delitos de sedición y rebelión, que según avanzó el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, Campo ya tiene muy avanzada, es «hacer homologables estos delitos a los de otros países» para «ir en línea con lo que marcan otros códigos penales» y «tengan un tratamiento similar y homogéneo al de otros territorios europeos». De esta forma Justicia evitaría que otros tribunales, como ha ocurrido en Bélgica, Alemania o Escocia, rechacen las ordenes de detención y entrega europeas emitidas por los jueces españoles.

Discusiones internas

El apropiarse de la reforma de los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo que afecta únicamente a los artistas ha abierto una nueva brecha en el Gobierno. Podemos acusa al PSOE de lanzar la propuesta tras conocer, al haber sido informados por los responsables de su grupo parlamentario, que iban a registrar una petición similar en el Congreso. Esto ha generado un nuevo cruce de acusaciones en las últimas horas, tanto en privado como en la reunión ministerial, que afecta principalmente a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se han cruzado varios mensajes por teléfono. El vicepresidente, sin embargo, no ha tomado la palabra en la reunión del gabinete.

María Jesús Montero ha querido salir al paso afirmando que «lo importante es promover ese cambio normativo» mientras recuerda que «somos un Gobierno único». La portavoz critica que «estamos en campaña electoral y algunas formaciones quiere capitalizar algunas decisiones» aunque señala que «no tiene ningún tipo de interés de dónde parte o deja de partir». La titular de Hacienda ha defendido que la modificación responde a «la escucha activa de la sociedad», que ha sido, junto a «la falta de proporcionalidad entre los hechos acontecidos y la condena» a Pablo Hásel, según ella, la principal influencia para que el Ejecutivo haya iniciado los trámites para esa reforma.