Justicia modificará el Código Penal con «perspectiva de género» y víctimas sexuales como asesoras

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaa, anunciaba en rueda de prensa este mediodía desde Moncloa, la «actualización» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una «perspectiva de género».

La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, será la encargada de coordinar la propuesta de reforma, apoyada en un Consejo Asesor de nueva creación -que ella misma presidirá- y mayoritariamente compuesto por mujeres de «enorme prestigio» en los campos de la magistratura y las políticas de igualdad.

El Ejecutivo de Sánchez considera que existe un problema de fondo con cierta tipología de delitos -especialmente los que atentan contra la libertad sexual- y un debate social sobre la necesidad de acometer ciertas reformas legislativas que exigen la aplicación de las mismas con «perspectiva de género» para cumplir con los estándares de igualdad del actual Gobierno «feminista».

El anuncio enlaza con lo avanzado el pasado mes de julio cuando Dolores Delgado confirmaba -durante su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso- una revisión del Código Penal en la que habría que «hablar con expertos pero también con las víctimas como expertas en sufrimiento».

La titular de la cartera de Justicia confirmó entonces que encargaría a un «grupo de expertas» una relectura desde una visión sobre género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Extremo que destacaba desde su cuenta oficial en Twitter el propio Ministerio, al término de la intervención:

La ministra encargará a un grupo de expertas una relectura desde una visión sobre género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y creará un grupo transversal que haga un estudio desde la perspectiva de los derechos y desigualdades de la comunidad LGTBI.

— Ministerio Justicia (@justiciagob) 11 de julio de 2018

Delgado insistió que permanecería en contacto directo con la comisión para la revisión de los delitos sexuales, integrada en la Comisión General de Codificación y encargada de analizar la situación actual y plantear recomendaciones sobre las acciones a abordar -en materia reformista penal- previo dictamen que entregará el equipo de trabajo paritario designado (3 hombres y 3 mujeres) a finales de año.

El objetivo de Justicia es confeccionar una propuesta que englobe diferentes niveles de protección para las potenciales víctimas de dichos delitos -a quienes la ministra manifestó su voluntad de introducir en el proceso junto con los expertos- que compartirían un elemento común: la eliminación del “abuso sexual” del actual Código Penal y el regreso al término violación que fue suprimido de versiones anteriores de la norma donde sí aparecía.

Aunque Delgado afirmó que el Gobierno no daría nunca instrucciones políticas al Ministerio Fiscal, sí confirmaba que estudiarían medidas de «acompañamiento» para garantizar que su actuación en los casos específicos de agresión sexual sea la más adecuada.

Sentencias ajustadas al «sentir popular»

Todo ello al hilo de la polémica creada entorno a la sentencia del caso ‘La Manada’ y las no menos polémicas declaraciones posteriores en las que la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, se pronunciaba sobre la posible personación del Gobierno en los recursos del auto de libertad provisional para los cinco miembros del grupo.

La ministra de Justicia tuvo que salir entonces para reconocer que no podía ser así al tratarse de un procedimiento judicial “con sus normas y sus reglas”.

Ante las presiones sociales y las manifestaciones públicas surgidas a raíz del caso de los Sanfermines, el Gobierno de Pedro Sánchez encargó, tras su llegada a Moncloa, que se estudiara un posible cambio en la ley para plantear la eliminación de la subcategoría de «abuso sexual» y tomar decisiones concretas que -en opinión de diferentes miembros del ejecutivo, algunos de ellos con formación jurídica y trayectoria judicial- contribuyan a que las sentencias de este tipo se ajusten al sentir popular.