Marlaska maniobra para que las 17.000 agresiones anuales a policías se registren como enfermedad común

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, maniobra para ocultar las 17.000 agresiones anuales a policías: pretende que se registren como enfermedad común. Así lo revela a OKDIARIO el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, denunciando la «grave instrucción interna» que se está remitiendo por escrito a las comisarías de la Policía Nacional, sin firma, sin sello oficial y sin logotipo institucional y, por tanto, «de forma completamente inusual», y mediante la cual se ordena que las bajas médicas derivadas de lesiones sufridas en acto de servicio sean grabadas como enfermedad común.

Jupol destaca que esta decisión supone un ataque directo a los derechos laborales y económicos de los policías nacionales y «una maniobra encubierta del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía para maquillar y ocultar la realidad de las agresiones que sufren los agentes». «Sólo el pasado año, policías nacionales y guardias civiles sufrieron casi 17.000 agresiones, una cifra alarmante que ahora se pretende diluir estadísticamente negando el reconocimiento inmediato de las lesiones en acto de servicio», declara a OKDIARIO Aarón Rivero, secretario general del sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

El escrito, recibido en las secretarías de las comisarías a mediados de diciembre y al que ha tenido acceso este diario, establece que hasta que no finalice un expediente de averiguación de causas, que debe iniciarse a instancia del propio funcionario y cuya resolución depende del director general de la Policía, la incapacidad temporal debe registrarse obligatoriamente como enfermedad común y no como bajas en acto de servicio.

«Esto supone que un policía lesionado mientras cumple con su deber, vea cuestionado automáticamente el origen profesional de su baja», critica Rivero.

Castigo económico

Las consecuencias económicas de esta medida son especialmente graves: a partir del día 91 de baja médica, el funcionario deja de percibir los complementos retributivos abonados por la Dirección General de la Policía y pasa a depender de MUFACE, lo que implica una merma salarial mínima del 25%.

Además, el agente pierde la turnicidad, la productividad (DPO) y otros complementos variables, castigando económicamente a quien ha resultado lesionado protegiendo a los ciudadanos.

«Es inaceptable que se traslade al policía nacional la carga administrativa y económica de demostrar que una lesión sufrida en servicio es, efectivamente, consecuencia de su trabajo», denuncia también en OKDIARIO Laura García, portavoz de Jupol, destacando que «esta práctica no sólo precariza aún más la profesión policial, sino que envía un mensaje demoledor a los agentes: sufrir una agresión en servicio tiene castigo económico».

Jupol subraya que esta decisión no es un simple cambio administrativo, sino «una política deliberada de desprotección de los policías nacionales, que prioriza el ahorro económico y el maquillaje estadístico frente a la seguridad jurídica, la dignidad profesional y la justicia retributiva».

«Resulta inadmisible que Interior dé la espalda a quienes garantizan la seguridad ciudadana mientras soportan un incremento constante de la violencia en las calles», condena este sindicato.

Jupol exige el reconocimiento automático

El sindicato Jupol exige el reconocimiento automático y provisional de las bajas en acto de servicio desde el primer día, sin que el funcionario tenga que iniciar expedientes, redactar minutas o asumir pérdidas económicas mientras la Administración decide. «No puede ser que un policía herido tenga que preocuparse de trámites burocráticos y de su nómina mientras se recupera de una lesión producida en el ejercicio de sus funciones», sostiene Aarón Rivero.

Asimismo, reclama una reforma inmediata del sistema de protección social del policía nacional, que garantice el mantenimiento íntegro de las retribuciones en caso de lesiones en acto de servicio, y que elimine cualquier incentivo administrativo para negar o retrasar ese reconocimiento. «La defensa de los derechos de los policías no puede quedar supeditada a interpretaciones restrictivas de normas presupuestarias», apunta.

Jupol advierte que no va a permanecer impasible ante este «nuevo recorte encubierto». «Utilizaremos todas las vías sindicales, administrativas y legales a nuestro alcance para revertir esta situación y para defender a los miles de policías nacionales que cada día arriesgan su integridad física en la calle. Ni una agresión más sin reconocimiento, ni un policía más castigado por cumplir con su deber», concluye Laura García.

Profesión de riesgo

Esta agente tuvo que presenciar el pasado mes de noviembre, en el Senado, el desprecio de un socialista a policías y guardias civiles. «La profesión de riesgo os la tenéis que ganar», le soltó el senador socialista Alfonso García Rodríguez en una comparecencia de portavoces policiales en la Cámara Baja sobre okupaciones.

Unas palabras que para Laura García evidencian desprecio a los agentes y la «nula voluntad del PSOE» de darles algo que los policías están ganando en los tribunales. «Las cerca de 17.000 agresiones que sufrieron el año pasado policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones le parecerán pocas», apunta criticando «esta negativa a una derecho que tienen los agentes, como el resto de compañeros autonómicos, a quienes ya se les ha reconocido». Y lo vuelve a reivindicar.

«El riesgo es real, no hay más que ver las estadísticas. Por eso, ahora pretenden enmascararlas borrando las agresiones», concluye.