La Ley Montero ha perdonado una media de dos años de cárcel a los violadores

La aplicación de la conocida como ley del sólo sí es sí ha provocado una rebaja mayoritaria dos años de cárcel a violadores y abusadores de menores, según el análisis de las revisiones de condena a agresores sexuales tras su entrada en vigor, el pasado octubre. Se trata de la reducción que la citada ley implicó en los casos de agresión sexual con acceso carnal o introducción de miembros corporales u objetos, es decir, la violación, tanto en el caso de adultos como de menores de 16 años. En el primer supuesto, la pena bajó de seis a cuatro años; en el segundo, de ocho a seis.

No obstante, para algunos violadores la reducción ha sido mucho más llamativa. Es el caso, por ejemplo, de dos condenados por agresión sexual a los que la Audiencia Provincial de Tarragona rebajó la pena de 18 a 11 años al aplicar la Ley del sólo sí es sí. Como autores de la violación, cada uno recibió 12 años de prisión, que pasaron a ser siete tras aplicar esta ley, y como cooperadores, cada uno recibió seis años de prisión, que se bajaron a cuatro. Los agresores asaltaron a su víctima a la salida de una discoteca de Salou (Tarragona) y la agredieron sexualmente, mientras ella «intentaba separarse sin conseguirlo» al «hallarse durante todo el tiempo acorralada, con los brazos inmovilizados, lo que provocó que se bloqueara, entrando en un estado de shock», según recogió la sentencia.

Hasta el momento, 1.079 agresores sexuales de todo tipo -violadores, pederastas o abusadores- se han beneficiado de esta ley, impulsada por Irene Montero pero que contó con la aprobación de todo el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los excarcelados se elevan ya a 105. Se trata, en cualquier caso, de datos provisionales pues varios tribunales no han aportado aún su recuento de revisiones.

Hasta 5 años

Según fuentes del máximo órgano de los jueces, los efectos de la ley podrán duran hasta cinco años, ya que todos los encarcelados en prisión -4.000 según los últimos datos- tienen derecho a solicitar una revisión de sentencia. El artículo 2.2. del Código Penal determina que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario».

Esto supone que la reciente reforma de la ley impulsada por el PSOE para elevar las horquillas penales no evitará que los jueces sigan revisando sentencias y, en su caso, rebajando las penas a violadores, pederastas y abusadores. El Tribunal Supremo ha fijado un Pleno para los próximos 6 y 7 de junio con el fin de unificar doctrina sobre la aplicación de esta ley. Será la primera vez que el alto tribunal entre a analizar si los tribunales han aplicado bien la ley en sus revisiones de pena, resolviendo una veintena de recursos interpuestos por la Fiscalía contra las rebajas acordadas por las audiencias provinciales.

Hasta el 40,5% de las revisiones realizadas hasta ahora por el Supremo han implicado una reducción de condena, según la información facilitada por el órgano de gobierno de los jueces. En cuanto a los tribunales superiores de Justicia, el porcentaje ha alcanzado el 39,5% y en las audiencias provinciales, el 31,6%. Así las cosas, en total se han modificado condenas a la baja en el 32% de lo casos, de acuerdo con la cifra provisional que maneja el CGPJ. La Comunidad de Madrid encabeza la lista de revisiones.

Pese a estos datos, el Gobierno ha evitado asumir responsabilidades políticas. Aunque la ley fue impulsada por Igualdad, cabe recordar que el propio Sánchez le dio su visto bueno pese a conocer sus riesgos. Como reveló OKDIARIO, un informe enviado por Moncloa al departamento de Montero advirtió de la rebaja que implicaba la ley para el cuadro penológico y pidió que las penas se elevasen. Pese a ello, la norma se aprobó en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021 e inició así su andadura parlamentaria.

La diputada del Partido Popular, Marta González, ha arremetido este miércoles contra Montero por la «inseguridad jurídica» de su ley, que ha provocado que «casi cinco condenas al día» se ha visto «rebajadas en este último mes». «No ha sido capaz de dimitir a pesar de ser la responsable del más escandaloso error cometido por un Gobierno en las últimas décadas», ha lamentado. La diputada popular ha reprochado a Montero que «su soberbia le impide ver la catástrofe que ha generado su incompetencia».