La investidura de Sánchez estuvo en el aire: el PSOE se negaba a incluir el terrorismo y el ‘lawfare’

Pese al optimismo que vendían los potavoces mediáticos de Moncloa, la investidura de Pedro Sánchez estuvo durante horas en el aire. «A día de hoy no hay acuerdo y la investidura de Sánchez está en punto muerto», decían fuentes conocedoras de la negociación por la ley de amnistía esta misma madrugada, sólo horas antes de que Junts y el PSOE llegaran a un acuerdo. «Enquistadísima», respondían cuando OKDIARIO preguntaba por el estado actual del acuerdo. ¿El motivo? El PSOE había constatado estos días que estaba perdiendo la calle, y por tanto se negaba a introducir en la amnistía a los cientos de encausados por terrorismo y lawfare como le había pedido Carles Puigdemont. Al final, como ya es habitual, han tragado con las exigencias de los cabecillas del 1-O.

En este ir y venir mucho han tenido que ver las protestas que asolan al PSOE una vez que se ha conocido la letra de los pactos firmados con ERC, PNV y Junts. Las imágenes de millones de españoles llenando las plazas en todos los rincones del país bajo lemas como «¡Clamor español, Sánchez dimisión!», «¡España en pie!», «¡España está vendida!», «¡Amnistía no!» o «¡La democracia en España está en riesgo!» han sido letales para el sanchismo. Dos millones de españoles contra la amnistía es una cifra inmutable que aniquila el discurso sanchista de la «convivencia», la «paz» y el «entendimiento» con el que pretende justificar el precio por los siete votos de Junts.

La prensa internacional se ha hecho eco de las masivas manifestaciones no disimulando su estado de shock por los acuerdos de Sánchez con un «fugitivo de la Justicia», como señaló The Times. Demoledor ha sido también que la Judicatura en pleno y fiscales hayan expresado su «profunda preocupación» por el acuerdo cerrado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez, al considerar que «existe un riesgo evidente de quebrar la democracia».

El PSOE recula… pero al final ‘traga’

Esto obligó al PSOE a pedir una tregua a Junts. La presencia en el acuerdo político de «comisiones parlamentarias» para analizar casos lawfare (guerra judicial) contra el independentismo catalán, -acciones que podrían traducirse en acusaciones de prevaricación contra los jueces y magistrados de esos casos o reclamaciones económicas a la Administración de Justicia- han sido un lastre con el que no estaban dispuestos a cargar.

Pero esta era una exigencia innegociable para el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que, al negociar la amnistía entre el PSOE y Junts, pidió que estas comisiones parlamentarias investiguen los «elementos podridos» de la Operación Cataluña y que sus conclusiones «se tengan en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Y al final, han claudicado. Las tragaderas del PSOE ya son dignas de estudio.

El PSOE dudó con el terrorismo

Junts exigía que la amnistía alcance a Tsunami Democràtic hasta el 2023, una vez que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón había decidido imputar por terrorismo a Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a Josep Maria Alay y a otras 9 personas del entorno independentista. El juez abrió esta causa por terrorismo a raíz de las masivas movilizaciones convocadas por Tsunami. 

La última oferta del PSOE era un pacto de élites: meter a Puigdemont y dejar fuera a los cientos de encausados por los disturbios en las protestas post-sentencia que colapsaron el aeropuerto de El Prat y la autopista AP-7, y apuesta por rebajarlo a un delito de desórdenes públicos. Algo a lo que Junts se negó en redondo. Finalmente, los junteros impusieron su tesis incluyendo a «todo el terrorismo», como adelantó OKDIARIO.