Un juzgado de Ceuta abre diligencias contra el delegado del Gobierno por la invasión de Ceuta

Un juzgado de Ceuta ha dictado este martes un auto por el que acuerda la apertura de diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en el marco de la invasión procedente de Marruecos.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas oficiales a OKDIARIO, que precisan que la resolución responde a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y que, por el momento, el juzgado no ha citado como investigado al denunciado.

La causa recae en la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, que ha ordenado la práctica de una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Según las mismas fuentes, el auto se limita, por ahora, a abrir la investigación, sin que exista todavía imputación formal contra Pérez Triano.

La denuncia de Manos Limpias, presentada el pasado 26 de agosto, parte directamente de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante el Congreso de los Diputados. El sindicato ha sostenido que el delegado del Gobierno incurrió en una «imprudencia grave al no haber impedido la invasión de una parte del territorio nacional», y que actuó «a sabiendas» de que los servicios de inteligencia le habían advertido de lo que iba a ocurrir.

Las alertas del CNI

El origen de la controversia se remonta a la comparecencia parlamentaria del 25 de agosto. Robles explicó que agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinados en Ceuta avisaron el 29 de julio —víspera de la avalancha migratoria— de que se había convocado un cruce masivo de personas hacia la ciudad. Según su relato, ese aviso llegó a la Delegación del Gobierno, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.

No obstante, la ministra ha matizado un extremo que ha resultado determinante: no existió un informe escrito del CNI, sino una alerta sobre convocatorias que circulaban por redes sociales anunciando el cruce para coincidir con el Día del Trono marroquí, jornada en la que se esperaba un menor control fronterizo del lado magrebí.

Esa distinción entre aviso informal e informe formal ha sido el resquicio que otros miembros del Gobierno han empleado para desmentir a su propia ministra. Tanto Pérez Triano como el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, han negado haber recibido comunicación alguna que anticipara la magnitud de lo sucedido.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, no ha querido dejar margen a la ambigüedad terminológica. En una carta publicada por Hispanidad, el sindicato ha defendido que «no vale distinguir artificiosamente entre aviso, información, alerta, informe, nota o comunicación» para diluir responsabilidades.

La denuncia contra el delegado no es la primera acción judicial del sindicato en torno a la crisis. El 3 de agosto, Manos Limpias ya había denunciado ante el Juzgado Decano de Ceuta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un presunto delito de imprudencia grave.

El 11 de agosto amplió esa denuncia citando alertas atribuidas a Frontex, al propio CNI, al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y al presidente ceutí.

El 25 de agosto, tras la comparecencia de Robles, el sindicato dio un paso más y ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que abra diligencias penales contra Sánchez y Marlaska, al entender que las palabras de la ministra confirmaban la existencia de un aviso previo desatendido.

Días antes, el 20 de agosto, Manos Limpias había recurrido incluso a la Corte Penal Internacional. En un escrito al amparo del artículo 15 del Estatuto de Roma, el sindicato ha pedido «la preservación de las pruebas disponibles y una investigación independiente» sobre lo ocurrido en la frontera desde el 30 de julio, fecha en la que entre 50.000 y más de 70.000 personas intentaron acceder a Ceuta, muchas de ellas a nado.

Cerca de 100 fallecidos

Ese mismo escrito recogía la disparidad en el balance de víctimas —el Gobierno comunicó inicialmente al menos 72 fallecidos, mientras Ceuta elevó la cifra a 88 cuerpos recuperados, con informaciones posteriores que la sitúan en 94 o 96—, así como el brote de sarna detectado entre el personal militar desplegado, con 24 casos según el Ministerio de Defensa.

Con el auto dictado este martes, la investigación judicial sobre la crisis de Ceuta se ramifica ya en tres frentes simultáneos: el Tribunal de Instancia de Ceuta, que ha incoado diligencias previas contra el delegado del Gobierno; el Tribunal Supremo, que evalúa la petición contra Sánchez y Marlaska; y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pendiente aún de pronunciarse sobre la admisibilidad de la comunicación presentada.

El propio sindicato ha insistido en que ninguna de sus denuncias pretende «anticipar conclusiones definitivas ni afirmar hechos que todavía deben ser investigados». Como telón de fondo, una gran pregunta pendiente de respuesta: quién sabía qué, y por qué, sabiéndolo, nadie lo impidió. El delegado, de momento, está a un paso de sentarse ante el juez.