La Justicia dicta orden de alejamiento de su hijo para la secuestraniños podemita

La Justicia ha decidido imponer una orden de alejamiento de su hijo a María Sevilla, presidenta de Infancia Libre y asesora de Podemos, después de ser detenida el pasado 1 de abril por secuestrar a sus dos hijos para no tener que cumplir con su ex marido el convenio de custodia de uno de los menores.

La asesora de Podemos se ha saltado sistemáticamente las medidas impuestas por los tribunales para no tener que entregar a su hijo mayor. Primero interpuso una denuncia falsa contra su pareja por supuestos abusos sexuales de su hijo; consiguió dar esquinazo a la Justicia durante seis años; y acabó siendo detenida por secuestrar a su propio hijo en una casa en ruinas tras dos años sin escolarizarlo y sin control sanitario. La podemita fue detenida el 1 de abril y puesta en libertad con cargos inmediatamente.

Ahora, la Justicia ha decidido emitir una orden de alejamiento ante las evidencias del daño ocasionado al hijo y de la necesidad de que el niño de 11 años permanezca con el padre. El mismo padre contra el que se inventó denuncias e hizo todo lo posible para alejarle de su hijo.

María Sevilla, era asesora de Podemos en materia de protección a la infancia. Y cuando fue detenida mantenía secuestrado a su hijo, fruto de una relación, e igualmente tenía en la misma casa en ruinas a otro de sus hijos -una niña de cinco años procedente de una segunda pareja-. A ambos los tenía escondidos en una casa perdida en el campo.

Sevilla fue una de las figuras clave de Podemos, muy vinculada a Ione Belarra. Hasta el punto de que el partido de Pablo Iglesias solicitó de su mano “las medidas necesarias para adaptar el sistema judicial español a los derechos de los niños, de manera que éstos tengan una mayor protección en el caso de abusos o agresiones sexuales”. Belarra era entonces la portavoz de la formación morada en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso.

Junto a Podemos, María Sevilla registró en el Congreso de los Diputados una batería de 25 preguntas para exigir al Gobierno entonces del PP estadísticas sobre el abuso sexual infantil intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia de género ante “la opacidad” reinante. Porque, según las explicaciones dadas en aquel 2017 por el partido de Pablo Iglesias, se negaba “el foco mediático que tiene la violencia machista”. En aquella época, la escolta habitual de Sevilla eran las diputadas del grupo de UP-En Comú Podem–En Marea Ione Belarra, Sofía Castañón y Sara Carreño y la senadora del mismo grupo Idoia Villanueva.

Denuncias falsas y secuestro

Pero la historia que hoy escribe un nuevo capítulo -con la orden de alejamiento-, empezó a escribirse mucho antes. Y es que la secuestraniños podemita denunció al padre del hijo de ambos por abusos sexuales como medio para mantener la custodia del niño.

Sin embargo, un examen judicial entregado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda determinó ya en julio de 2013 que la denuncia no se sostenía; que lo que se afirmaba por parte de la madre mantenía signos claros de incoherencia y falta de credibilidad a la vista de las respuestas del propio hijo y de los controles llevados a cabo por los expertos.

Se trató de un informe psicológico forense encargado ante la gravedad de las acusaciones. Y las conclusiones apuntaban lo que más tarde se confirmó como resolución firme de la Justicia: que el examen del niño presentaba incompatibilidades serias desde el punto de vista técnico. La argumentación de los expertos, de hecho, añadió una frase de especial contundencia. Y es que señalaba ya hace casi seis años que no se podía descartar una instrumentalización por parte de la madre de la denuncia de abuso sexual.

La Justicia acabó dando la razón al padre. Pero, si este examen acertaba ya en 2013, el padre tuvo que esperar hasta 2017 para que le confirmaran el derecho a mantener una relación normal con su hijo. Cuatro años más tarde.

Es más, tras esa resolución favorable al padre y pese a la denuncia falsa, la madre, María Sevilla, pudo marcharse a Jaén con el niño, cambiar la residencia del menor y su escolarización una vez más –hasta 2013 ya lo había hecho cuatro veces– y, gracias a un convenio de asesoría política firmado con Podemos, forzó un alejamiento del padre justificado por motivo de “relaciones profesionales con el Grupo Político Podemos”. Por todo ello, pudo incumplir la custodia definida por el juez y acabar escapando a la Justicia hasta abril de 2019. Otros dos años después.