La Justicia investiga la posible prevaricación de la directora de la Guardia Civil en la purga de Pérez de los Cobos

La juez María Ángeles Vázquez, titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, ha abierto una investigación contra la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por un presunto delito de prevaricación cometido en la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, el jefe de la Comandancia de Madrid que se negó, en cumplimiento de un mandato judicial, a informar sobre la causa del 8-M que se encontraba bajo secreto del sumario.

La investigación ha sido abierta a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios. Según ésta, «es esencialmente grave la fundamentación fáctica del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, relativa a no articular mecanismos para informar al Ministerio sobre las pesquisas que la Policía Judicial realizaba sobre la presunta comisión de determinados delitos que implican a personas dependientes o relacionadas con dicho Ministerio».

Poner a disposición de los implicados una investigación judicial sería, según los denunciantes, como «organizar un sistema de información que pusiese en conocimiento de los investigados por alguna infracción penal, las pesquisas que lleva a cabo el juez que instruye de la causa».

Esto provocaría, alegan, que «los presuntos autores puedan modificar, suprimir, alterar documentos o pruebas que los incriminen» convirtiendo, de esta manera «al Estado en una organización que protege a los autores de los delitos (…) que es la definición más precisa de organización mafiosa», afirma el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Prevaricación

Por todo ello, la juez María Ángeles Vázquez investiga ahora si la directora general de la Guardia Civil cometió un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal que dice así: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».

Del mismo modo, deberá decidir si cita en calidad de perjudicado al coronel Diego Pérez de los Cobos tal y como solicita la asociación en la denuncia.

Cese injustificado

La jefa de la Benemérita cesó al jefe de la Comandancia de Madrid por «no informar del desarrollo de las investigaciones» llevadas a cabo por sus agentes como Policía Judicial en la causa que investigaba la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel. Esta magistrada investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al permitir concentraciones multitudinarias durante el Día de la Mujer pese al riesgo de contagio por coronavirus.

De los Cobos, cumpliendo con la ley, guardó máxima reserva sobre las investigaciones que estaban llevando agentes a su cargo que implicaban a miembros cercanos al Gobierno como José Manuel Franco. Esto provocó una primera llamada durante la tarde del domingo –24 de mayo– de su superior, el general José Antonio Berrocal, interrogándole sobre el referido atestado de la Policía Judicial. Pero el coronel se negó en rotundo: no iba a facilitar ni un sólo dato. A continuación, recibió la llamada del superior de éste, Fernando Santafé, por el mismo motivo. Siguió firme en su decisión.

Ante la negativa de cometer un delito y facilitar información de una investigación judicial que se encontraba bajo secreto de sumario, la directora de la Benemérita, María Gámez, le comunicó su relevo.

Grande-Maslaka mintió

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumentó que la destitución del coronel se debía «a un cambio de equipos, un proceso natural de sustitución basado en la confianza». Sin embargo, esta decisión dictaba mucho de aquellas que son premeditadas en el tiempo, ya que cuando De los Cobos fue destituido ni siquiera se había pensado en un sucesor que le relevara en el cargo.

Del mismo modo, el ministro arguyó que este cambio repentino se debía a una «pérdida de confianza», pero no aclaró la razón del cese pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo le obliga a hacerlo.

Estas controvertidas explicaciones cayeron por su propio peso. Una semana después El Confidencial desveló la carta secreta del cese: De los Cobos fue purgado por no filtrar información de la investigación a Grande-Marlaska.

El documento, que había sido ocultado, argumentaba que esta decisión se tomó «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento». Este informe fue remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad y está firmado por María Gámez el mismo día, un domingo por la tarde, que el coronel se negó a informarles de las pesquisas halladas en la causa que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid.

Orden de la juez

En realidad, el coronel Pérez de los Cobos además de cumplir con la ley también estaba obedeciendo una orden dictada por la juez Rodríguez-Medel. La magistrada ordenó a los agentes «guardar rigurosa reserva» sobre la instrucción encomendada, y que sólo se le informara a ella de las pesquisas. Advirtió que la infracción de dicho deber podía dar lugar a responsabilidades penales. Se daba la circunstancia de que estas investigaciones afectaban al Gobierno del que dependen los agentes, razón por la cual la magistrada solicitó un mayor compromiso.