Primera denuncia contra la directora de la Guardia Civil por prevaricación en la purga de De los Cobos

La escandalosa destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos salta a los juzgados. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha sido denunciada por un delito de prevaricación. La jefa de la Benemérita purgó al jefe de la Comandancia de Madrid por «no informar del desarrollo de las investigaciones» llevadas a cabo por sus agentes como Policía Judicial en las diligencias que instruye la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel.

La denuncia, presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios, expone que el pasado 24 de mayo fue cesado fulminantemente de sus funciones el coronel Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El motivo –añaden– fue que «se negó a informar a sus superiores sobre un informe que la Policía Judicial había remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid», donde se investiga la comisión de un presunto delito de prevaricación al permitir las manifestaciones del 8-M en plena pandemia por el coronavirus, por lo que está imputado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

De los Cobos se negó en rotundo: no iba a facilitar ni un solo dato. Esto provocó una primera llamada durante la tarde del domingo de su superior, el general José Antonio Berrocal, interrogándole sobre el referido atestado de la Policía Judicial. A continuación recibió la llamada del superior de éste, Fernando Santafé, por el mismo motivo. Pero el coronel se mantuvo firme. Ante la negativa de cometer un delito y facilitar información de una investigación judicial la directora de la Benemérita, María Gámez, le comunicó su relevo.

La juez ordenó a los agentes «guardar rigurosa reserva» sobre la instrucción encomendada, y que sólo se le informara a ella de las pesquisas. Advirtió que la infracción de dicho deber podía dar lugar a responsabilidades penales. Se da la circunstancia de que estas investigaciones afectan al Gobierno del que dependen los agentes, razón por la cual la magistrada solicitó un mayor compromiso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumentó que la destitución del coronel se debía «a un cambio de equipos, un proceso natural de sustitución basado en la confianza». Sin embargo, esta decisión dicta mucho de aquellas que son premeditadas en el tiempo, ya que cuando De los Cobos fue destituido ni siquiera se había pensado en un sucesor que le relevara en el cargo.

Grande-Marlaska arguyó que este cambio repentino se debía a una «pérdida de confianza», pero no aclaró la razón del cese pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo le obliga a hacerlo. El escrito remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad en el que se comunica la destitución de De los Cobos, argumentaba que esta decisión se tomó «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

Expertos en Derecho consultados por OKDIARIO aseguran que Grande-Marlaska no podía cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid porque se encontraba indirectamente al frente de «una investigación judicial» y esta decisión depende de la juez Carmen Rodríguez-Medel, según el artículo 34 de la Ley Orgánica 2/86. Reclaman que ahora «debe ser restituido en el cargo». Más aún, añaden, si se trata de «un cese provocado ante la negativa del coronel a cometer un acto delictivo».

Alteración de pruebas

«Es esencialmente grave la fundamentación fáctica del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, relativa a no articular mecanismos para informar al Ministerio sobre las pesquisas que la Policía Judicial realiza sobre la presunta comisión de determinados delitos que implican a personas dependientes o relacionadas con dicho Ministerio, pues sería tanto como organizar un sistema de información que pusiese en conocimiento de los investigados por alguna infracción penal, las pesquisas que lleva a cabo el juez que entiende de la causa», expone el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Esto provocaría que «los presuntos autores puedan modificar, suprimir, alterar documentos o pruebas que los incriminen» convirtiendo, de esta manera «al Estado en una organización que protege a los autores de los delitos (…) que es la definición más precisa de organización mafiosa».

Delito de prevaricación

Por ello, la Asociación de Consumidores y Usuarios solicita que se investigue a María Gámez, directora de la Guardia Civil por un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal que dice así: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».

Del mismo modo solicita que se cite en calidad de perjudicado al coronel Diego Pérez de los Cobos.