La jueza que ha archivado la denuncia de los Franco contra el Gobierno fue alto cargo de Zapatero

María Isabel Durántez, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que ha archivado la denuncia de la familia Franco contra presuntas irregularidades del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el proceso de exhumación del dictador, fue alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durántez ocupó el puesto de directora general de la Marina Mercante entre julio de 2009 y enero de 2012, momento en que se produjo su cese con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Palentina de nacimiento, pero vinculada a Galicia en el pasado por su trayectoria profesional, este nombramiento por parte del Consejo de Ministros se produjo estando José Blanco al frente de la cartera de Fomento, de la que dependía la Marina Mercante.

La magistrada, que había ejercido desde 1995 como titular del juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, también desempeñó un cargo política en la Xunta de Galicia gobernada por el socialista Emilio Pérez Touriño. Durántez fue directora general de Interior de la Consellería de Presidencia de aquel bipartito de PSOE y BNG.

Perteneciente a la asociación progresista Jueces para la Democracia, Durántez ha pasado también por juzgados de Benavente, Bilbao y Pontevedra, Vigo y Madrid, tarea que ha compatibilizado además con actividades relacionadas con la igualdad y con la violencia de género.

Durántez fue directora general de la Marina Mercante en el Ministerio de Fomento de José Blanco entre julio de 2009 y enero de 2012

Se da la circunstancia de que Durántez ha trabajado así para el Gobierno socialista de Zapatero, impulsor de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica que ha permitido ahora al Ejecutivo de Pedro Sánchez iniciar el trámite de la exhumación del dictador a través de una modificación de dicha norma vía real decreto.

En un auto fechado el pasado 8 de enero, la jueza considera que los hechos denunciados por los nietos de Franco no revisten «caracteres de infracción penal», según informó Efe este lunes. La denuncia —firmada por Jaime Martínez-Bordiú Franco— se presentó contra la subsecretaria de Justicia e instructora del procedimiento de exhumación, Cristina Latorre; el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo; y contra el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, tras detectar entre los documentos del expediente la firma de un funcionario del Museo Nacional del Prado, Víctor Cageao, que se hizo pasar por director de Inmuebles de Patrimonio Nacional.

«Acelerar» los trámites

Los denunciantes esgrimían que estos altos cargos «eran conocedores» de que Víctor Cageao «no ostentaba el cargo de director de Inmuebles de Patrimonio Nacional, pese a lo cual, para acelerar toda la tramitación, a sabiendas de la usurpación de funciones y de la falsedad de la ostentación de dicho cargo, firmó el proyecto de exhumación el 14 de noviembre de 2018».

Según recoge la denuncia, desde Justicia «se solicitó a toda prisa el 13 de noviembre» el proyecto para la exhumación, que «se confeccionó en un solo día firmándose al día siguiente». Los denunciantes atribuían a los querellados los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones. En cambio, la magistrada que fue alto cargo del Gobierno de Zapatero ha concluido que los hechos no reúnen los «requisitos objetivos ni subjetivos» de delito.