Franco tendrá vacaciones: el juez que paralizó la licencia de exhumación cita a los peritos en septiembre

Los dos peritos responsables del informe técnico que cuestionaba la seguridad del procedimiento autorizado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos tendrán que declarar en septiembre ante el magistrado de la causa.

El juez encargado de decidir sobre la legalidad de la licencia municipal concedida para el traslado de los restos del dictador -José Yusty Bastarreche- ha ordenado la comparecencia en sede judicial de los arquitectos que firmaron el estudio encargado por la familia Franco, José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, y del aparejador titular del consistorio madrileño.

Yusti Bastarreche quiere conocer, de primera mano, los detalles de la «clarificadora» valoración independiente que cuestiona la conformidad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en un trámite imprescindible para la exhumación. Por ello, escuchará a los expertos a quienes preguntará sobre las condiciones de seguridad y estabilidad de las instalaciones subterráneas que «pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco» e influir en los trabajos necesarios para llevar a buen puerto el proceso.

«Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso. Y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y, por tanto, peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin dudo un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra», decía el juez en un Auto.

Suspensión cautelar

El pasado mes de febrero, el magistrado acordaba la suspensión cautelar de la preceptiva licencia, exigida en el procedimiento administrativo diseñado ad hoc por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entendía Yusti Bastarreche que la ausencia de «un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación» exigía paralizar cualquier nuevo trámite, hasta analizar con detalle la misma.

Dicha decisión judicial supuso un auténtico revés para las pretensiones de los socialistas que, tras su llegada a Moncloa, convertían la exhumación de Franco en la promesa estrella de su programa político. Motivo por el que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, decidía recusar al juez Yusti Bastarreche para apartarle del caso por su falta de imparcialidad y tras acusarle de «obstruccionismo». Para ello alegó un artículo escrito por el magistrado, hace 12 años, en el que se pronunciaba en contra de la Ley de Memoria Histórica y afirmaba que era «una maldad de Zapatero y el socialnacionalismo».

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) descartaba dicha posibilidad y ordenaba la devolución del procedimiento al juez, tras condenar en costas a la Abogacía del Estado.

Retoma la causa

Más de seis meses de retraso han supuesto las diferentes maniobras del Gobierno -en su intento por alejar a Yusti Bastarreche del procedimiento judicial- para la toma de la decisión definitiva del juez sobre la legalidad de los trámites urbanísticos, imprescindibles en la operación de traslado de los restos de Franco.

Pese a que el magistrado aseguraba en su resolución para la suspensión cautelar de la exhumación del dictador que «no se aprecia especial urgencia», puesto que lleva enterrado allí más de 44 años. Lo cierto es que un recurso judicial que debería estar solucionado en un plazo de 10 días, sigue pendiente.

Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que Yusti Bastarreche confía en impulsar la causa tras la comparecencia de los peritos en septiembre y pronunciarse antes de que el Supremo falle sobre el fondo del asunto. Las mismas fuentes advierten que, si bien ambos procedimientos son independientes -y tratan de materias distintas- la decisión final del titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid podrá ser tenida en cuenta por los magistrados de la Sala Tercera del Alto Tribunal.