Moncloa acusa de «obstruccionismo» al juez que ha suspendido la licencia para la exhumación de Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez ha calificado de «un nuevo ejemplo del obstruccionismo» del «entorno del dictador Franco» el auto del juez, revelado por OKDIARIO, que paraliza cautelarmente la licencia urbanística de el Ayuntamiento de El Escorial para la exhumación de Franco.

«Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco», reprocha Moncloa.

«De esas 12 demandas, en 7 se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte. Estamos convencidos de que, tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el Juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo», dicen fuentes gubernamentales. Una aseveración que pone en entredicho la consideración del Ejecutivo socialista sobre la imparcialidad de la Justicia.

Moncloa insinúa incluso la prevaricación del magistrado, al señalar que ha declarado la suspensión «sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento».

Como reveló OKDIARIO, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ordenó este martes “la medida cautelar urgente de suspensión del informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, de fecha 26 de noviembre de 2018, “por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas remitidas por el Ministerio de Justicia” para la exhumación del dictador. El Consistorio, gobernado por la plataforma vecinal ‘Vecinos por San Lorenzo’ -apoyado en su investidura por Podemos, PSOE y Ciudadanos- avaló las actuaciones para exhumar a Franco, y catalogó los trabajos de ‘obra menor’, como había indicado Patrimonio Nacional.

El Ayuntamiento dispone ahora de un plazo de tres días para presentar alegaciones. Sin embargo, el juez considera que existe un «riesgo evidente» en las actuaciones para sacar al dictador de su tumba, puesto que “se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 Kgs. de peso”. El auto determina que “no tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra, cuya urgencia (…) es al menos discutible, pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España, según el artículo 1o de la misma Constitución, esto es, poner en peligro la vida humana». Por tanto, añade, «mientras existan dudas acerca de las condiciones de seguridad, dentro de lo racionalmente posible, de la obra que se proyecta, procede la suspensión cautelar urgente de la misma». 

La exhumación «se podría retrasar»

Según Moncloa, «la finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante». 

Advierte, además, de que «la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la acumulación de todos los procedimientos judiciales en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento».

El Gobierno acaba admitiendo que «estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, fase en la que todavía no nos encontramos y que precisa aún de otros trámites administrativos». 

El Ejecutivo de Sánchez advierte de que «los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo».